La comunidad indígena Xákmok Kásek, que reside ancestralmente en la región del Chaco, reclamó hoy al Estado de Paraguay la restitución de sus derechos de propiedad sobre 10.700 hectáreas de territorio, durante la segunda sesión extraordinaria de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Los magistrados de la CorteIDH que celebran esta semana en Lima el 41 periodo extraordinario de sesiones escucharon hoy los testimonios de Antonia Ramírez, una representante de la comunidad indígena que hablaba en guaraní y fue asistida por un intérprete.
La anciana explicó a la sala que ella y toda su familia nacieron en el establecimiento ganadero de Salazar, a unos 300 kilómetros de la ciudad de Asunción, donde se dedicaban a la caza y la recolección para alimentar a sus hijos.
Sin embargo, tuvieron que salir de ese lugar sin que mediara orden de desalojo, acuciados por la presión y el control que estaban sufriendo en esa estancia.
Los nativos comenzaron a ser vigilados y denunciados por robo por los nuevos dueños de esas tierras, y se vieron forzados a trasladarse a la localidad de "25 de febrero".
Ramírez dijo que nunca han tenido acceso al agua potable ni a los servicios de salud, razón por la cual se curaban con hierbas y medicinas tradicionales.
La única ayuda era la que podía ofrecer una enfermera inglesa voluntaria, a 15 kilómetros de distancia, que les aplicaba calmantes en caso de alguna enfermedad grave.
El perito Pablo Balmaceda, a cargo de una investigación sanitaria en la comunidad, fue el segundo testigo llamado a declarar para que explique las razones que causaron la muerte de 40 nativos en los últimos 20 años.
Balmaceda dijo que los indígenas estaban "encerrados en cuatro hectáreas" en chozas donde vivían 10 personas y que llegar a ellos fue muy difícil por la "hostilidad permanente del dueño de la estancia", que puso guardias armados en el ingreso al lugar.
Las causas de muerte fueron diarreas y síndromes pulmonares que se complicaron por falta de atención médica oportuna.
Durante el periodo de su estudio, Balmaceda informó haber reportado dos muertes de madres, a consecuencia de complicaciones en el parto, y remarcó que los decesos en general "se podrían haber evitado, porque fueron enfermedades que nunca recibieron atención".
Por tal motivo, la comunidad Xákmok Kásek denunció en 2003 al Estado paraguayo ante la CorteIDH por violación a los derechos a la vida, a la integridad personal y a la propiedad privada, entre otros.
Aunque el Estado ha ofrecido una solución amistosa que consistiría en la cesión de 1.500 hectáreas de otra comunidad nativa, aún no ha cumplido con satisfacer sus derechos, manifestó la Corte en los antecedentes del caso.
Paraguay ha sido demandado en otras dos ocasiones por violaciones de los derechos de sus pueblos indígenas, habiendo fallado la CorteIDH a favor de las comunidades Yakye Axa y Sawhoyamaxa en 2005 y 2006, respectivamente.
No obstante, el Estado paraguayo todavía no ha cumplido con restablecer sus tierras ancestrales.
Según cifras oficiales de Paraguay, citadas por Amnistía Internacional, la población indígena en ese país asciende a 108.600 personas, mientras que la comunidad de Xákmok Kásek estaría formada por 60 familias.
