En la tarde del sábado llegó a Xoyep una misión de alto nivel enviada por el Presidente Ernesto Zedillo para poner en marcha un programa de atención a los más de 5.000 desplazados en el municipio de Chenalhó.
La ayuda oficial es aceptada en las comunidades cercanas al oficial Partido Revolucionario Institucional (PRI), pero rechazada en las que existen bases de apoyo o simpatizantes del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN).
El gobernador de Chiapas, Roberto Albores, también prometió ayuda a los indígenas tzotziles asentados desde septiembre pasado en Xoyep y se comprometió a respetar la decisión de las comunas, pero los funcionarios que recorren la zona reconocieron que no despiertan la confianza de todos.
El dirigente indígena Roberto Pérez Santís dijo que "primero, lo que queremos es que se castigue a los agresores (de Acteal) y también que se desarme a los paramilitares".
Cada frase que pronunciaba el indígena era traducida al tzotzil, para que la entendieran unos 300 miembros de la comunidad que atraviesan una dramática situación alimentaria y sanitaria.
Pérez Santís sostuvo que "todas las cosas (que ofrece el gobierno) no las necesitamos, no se están aprovechando".
Con un coro de toses de niños enfermos como fondo, el líder indígena insistió en que es necesario el castigo de los responsables de la masacre del 22 de diciembre y el cumplimiento por parte del gobierno de los acuerdos de San Andrés, firmados con la guerrilla zapatista.
Reclamó además el retiro del Ejército mexicano de las comunidades.
"Ahorita no queremos nada de apoyo, lo que queremos es justicia, paz y tranquilidad para vivir y trabajar", pero actualmente los "paramilitares" se "mueven en el medio de los ejércitos (soldados) y de la seguridad pública (policía), lo que causa temor entre el pueblo", dijo.
Unos minutos antes de que rechazara públicamente la ayuda oficial, una pequeña niña sufrió un ataque de neumonía y debió ser trasladada de urgencia a una carpa montada por la estatal Comisión Nacional de Derechos Humanos, para recibir atención médica.
La falta de agua es un grave problema en el campamento, como lo son la carencia de medicinas y alimentos, pero los indígenas se mantienen en su negativa de recibir ayuda del gobierno, en tanto que la de los organismos no gubernamentales no llega.
El subcomandante zapatista Marcos aseguró que en Los Altos hay unos 7.000 refugiados y advirtió sobre riesgos de epidemias.