El gobierno argentino rechazó ayer como meras "tonterías" las acusaciones de que buscaba encubrir a quienes hace cinco años hicieron volar la mutual judía AMIA, matando a 86 personas.
"Son tonterías sin importancia atribuir encubrimiento al Estado argentino", dijo a la prensa el ministro del Interior Carlos Corach.
El domingo, en un masivo acto para conmemorar el quinto aniversario del ataque a la AMIA, Diana Malamud, quien habló en nombre de los familiares de las víctimas, dijo: "Ya no quedan dudas, la conexión local del atentado es el Estado argentino".
La comunidad judeo-argentina, que con unos 300,000 miembros es una de las mayores del mundo, está furiosa con el gobierno del presidente Carlos Menem porque aún no se halló a quienes perpetraron ese atentado y otro similar en 1992, cuando una bomba voló la embajada israelí, matando a 29 personas. Argentina, Estados Unidos e Israel sospechan del grupo fundamentalista proiraní Hizbollah, pero no hay detenidos por el ataque a la embajada. Y aunque en el de la AMIA sí los hay, son todos supuestos miembros de la conexión local, que habría dado apoyo logístico pero no planeado ni perpetrado el atentado.
De todos modos, la fiscalía adelantó que pedirá reclusión perpetua para los cuatro ex policías y un ladrón de autos que irán a juicio en los próximos meses.
Y Memoria Activa, un grupo que todos los lunes marcha ante el Palacio de Justicia para pedir el esclarecimiento, denunció a Argentina ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por haber "violado el derecho a la vida de las 86 víctimas".
"El viernes se hizo la presentación en Washington", dijo a Reuters Pablo Jacobi, abogado de Memoria Activa. "Se trata de una imputación eminentemente política. De las cosas que hace un policía el estado es responsable.
"Hubo obstrucciones graves por parte de la policía y los servicios de inteligencia y fundamentalmente, Memoria sostiene que la elevación a juicio fue prematura, faltaban pruebas importantes como la reconstrucción del atentado", agregó.
"No se conoce hoy, a cinco años, quiénes fueron los autores materiales e intelectuales del atentado", dijo ayer Malamud.
Pero Corach, sobre quien arreciaron las críticas a pesar de ser él mismo de extracción judía, rechazó los cargos.
"El estado nacional ha hecho todo lo que ha podido hacer, continúa y continuará haciéndolo", enfatizó.
"Creo que cualquiera que haga un análisis racional sabrá que no sólo se puso en este esfuerzo un grado superlativo, sino que ningún gobierno, ni éste, ni ningún otro, ni ningún dirigente político, puede tener como objetivo en esta materia otra cosa más preciada que esclarecer esta tragedia", agregó.
No obstante, reconoció que el esclarecimiento del caso "es una deuda que el Estado argentino tiene con la sociedad".
Por su parte, Rogelio Cichowolsky, titular de la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA), que agrupa a todas las instituciones de la comunidad, pareció tomar distancia de las acusaciones de Malamud.
En el acto frente a la AMIA "se expresó una demanda de justicia muy fuerte y eso permitió que se expresaran algunos conceptos como generalización, pero habría que ajustar a ver qué quiso decir cada uno", afirmó.
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