Una misión de observadores de la OEA pidió la postergación de la segunda vuelta presidencial del 28 de mayo, para hacer correcciones a fin de que no se repitan las irregularidades denunciadas en la primera ronda.
Alejandro Toledo, de Perú Posible anunció su decisión de retirarse de la contienda electoral de no contarse con las condiciones de transparencia necesarias para una segunda vuelta.
El presidente Alberto Fujimori dijo durante una manifestación en Chiclayo, al noroeste de Lima, que la segunda vuelta se realizará invariablemente el 28 de mayo.
Mediante un boletín la misión insistió ante las fuerzas políticas contendientes, "en la imperiosa necesidad, de que en virtud de las responsabilidades compartidas frente al futuro del Perú, busquen conjuntamente la vía político-jurídica que favorezca esa flexibilidad en el calendario y se posponga la fecha para permitir cambios efectivos en la segunda vuelta".
La misión no dijo hasta cuándo se postergaría la segunda ronda, pero la semana pasada, la Defensoría del Pueblo, que coincide con el pedido, dijo que podría realizarse el 4 o el 11 de junio.
El informe señaló que "la desconfianza subsiste" y que el calendario "conspira en contra de los procedimientos" para buscar la recuperación de la confianza, lo que considera "imposible" lograr en el breve tiempo (diez días) que queda para la segunda vuelta.
La misión de la OEA recalcó en su comunicado, que si persisten las irregularidades en la nueva ronda por la presidencia de este país andino, "no podrá avalar el proceso electoral en su conjunto".
Perú Posible reclama que para la segunda vuelta se cambie a los miembros de las mesas de sufragio porque a su juicio en algunas zonas fueron designados por el Gobierno para favorecer a Fujimori.
En mesas de lugares apartados del país en las que Perú Posible y otros partidos no tuvieron representantes o interventores, el gobernante obtuvo votaciones muy altas en comparación con el promedio de las que obtuvo en mesas donde sí hubo presencia de la oposición.
Otras irregularidades de las que dieron cuenta fueron el uso de recursos del Estado en favor de la campaña del presidente Fujimori, así como una "guerra sucia" contra los candidatos de oposición en diarios sensacionalistas que, según los opositores, están financiados por el Gobierno.
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