ACAN-EFE
La instauración de la pena de muerte en El Salvador, tras el fallecimiento de un niño en confusas circunstancias poco tiempo después de haber sido secuestrado, está generando una fuerte polémica en este país.
Una fuente parlamentaria informó ayer que mañana será discutida en la Asamblea Legislativa la instauración de la medida, propuesta por la gubernamental Alianza Republicana Nacionalista (ARENA) y apoyada por el Partido de Conciliación Nacional (PCN), ambos de derecha.
Un clamor generalizado por el endurecimiento de las leyes contra los secuestradores ha sido expresado por diversas organizaciones políticas, gremiales y empresariales, en comunicados en los que se condena la muerte de Gerardo Villeda, de nueve años de edad, hace 9 días.
Algunas entidades piden la instauración de la pena capital en el país, donde la pena máxima es de treinta años de cárcel.
El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y tres organismos gubernamentales salvadoreños se sumaron hoy, en un comunicado conjunto, a las condenas por el asesinato de Gerardo y piden a la ciudadanía actuar para prevenir otros hechos similares.
Gerardo fue secuestrado en
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