Piden que Fujimori sea declarado reo ausente

El Ministerio Público acusó ante la Corte Suprema al ex presidente Alberto Fujimori por delito contra la administración pública en las modalidades de incumplimiento de deberes de función y abandono del cargo presidencial.
Según una nota oficial a la que tuvo acceso The Associated Press, el Ministerio Público pidió a la Corte Suprema que Fujimori pague una reparación civil por daños al Estado, equivalente a unos 5.7 millones de dólares.
El fiscal supremo Nicanor de la Fuente solicitó al Poder Judicial que Fujimori sea declarado reo ausente y que se le imponga dos años de prisión, y que además “solicite su captura y extradición para que responda por los delitos de que se le acusan ante los tribunales peruanos”.
En noviembre del año pasado Fujimori viajó a Brunei donde asistió a la 8va cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia Pacífico, tras lo cual se trasladó a Japón desde donde renunció a la Presidencia, por escrito, ante el Congreso.
El Congreso no aceptó la renuncia y en cambio lo destituyó por incapacidad moral para gobernar.
Fujimori viajó a Japón en medio de un escándalo de corrupción en su gobierno después que el canal N, de televisión por cable, emitió un vídeo donde el ex asesor presidencial Vladimiro Montesinos aparece sobornando con 15,000 dólares al legislador de oposición Alberto Kouri para pasarse a la bancada fujimorista, lo que ocurrió efectivamente.
Montesinos, que huyó a Venezuela en octubre, fue capturado en Caracas el 23 de junio y deportado a Lima el 25. Se encuentra preso en una cárcel para guerrilleros, diseñada por él cuando era hombre fuerte del gobierno de Fujimori, en una base de la armada en el puerto El Callao, al oeste de Lima.
Según el procurador especial José Ugaz, quien investiga el origen de la fortuna de Montesinos, éste afronta 52 cargos que van desde enriquecimiento ilícito, narcotráfico, corrupción de funcionarios hasta contrabando de armas para guerrilleros colombianos, compra sobrevalorada de armamento para el Perú y violación de derechos humanos.
Tras una década en el poder, Fujimori huyó a Tokio en noviembre tras el estallido del mayor escándalo de corrupción de este país detonado por su ex asesor y mano derecha, Vladimiro Montesinos, actualmente en prisión.
Las autoridades peruanas han demandado repetidamente la entrega de Fujimori, pero Japón insiste en que no extradita a sus ciudadanos y que tampoco existe un tratado de extradición con Perú.
Tokio reconoce a Fujimori como ciudadano por tener padres japoneses que registraron su nombre en Japón después de su nacimiento, tras haber emigrado a Perú en la década de 1930.