La Compañía de Jesús está dispuesta a dar la batalla legal hasta lograr el castigo a los asesinos de seis de sus miembros en El Salvador, en noviembre de 1989, anunció el rector de la Universidad Centroamericana (UCA), José María Tojeira, tras pedir la reapertura del juicio a la Fiscalía General de la República.
Tojeira, junto con otras autoridades de la UCA, pidieron el lunes a la Fiscalía investigar la actuación del ex presidente de la república Alfredo Cristiani y el coronel Rafael Humberto Larios, como "autores por omisión del delito de asesinato".
Como "autores mediatos del delito de asesinato" son acusados los generales retirados René Emilio Ponce, Juan Orlando Zepeda, Francisco Elena Fuentes, Inocente Orlando Montano y Juan Rafael Bustillo.
"Daremos todos los pasos necesarios dentro del sistema judicial del país", aseguró Tojeira a ACAN-EFE, al señalar que si la Fiscalía declara sin lugar su petición se puede apelar a una revisión en la misma institución y otra posibilidad es solicitar un amparo constitucional ante la Corte Suprema de Justicia.
"Estamos dispuestos a dar todos los pasos, pero esperamos tener la capacidad de presión para que se haga justicia y que las diligencias no duren mucho tiempo", apuntó.
Tojeira no descartó que los familiares de las víctimas puedan en algún momento hacer lo propio ante organismos internacionales.
Sin embargo, insistió en que por el momento tanto la Compañía de Jesús como los familiares de los sacerdotes asesinados desean que se haga justicia en El Salvador, donde "el sistema judicial podría ser fortalecido con una actuación imparcial y la Fuerza Armada tendría la oportunidad de limpiar su prestigio en el caso".
Sobre el último aspecto señaló que "una vez que se aclaren las responsabilidades individuales se limpia la responsabilidad institucional. Las instituciones se manchan cuando se encubre a los individuos institucionalmente".
El 16 de noviembre de 1989 fueron asesinados el rector de la UCA, el español Ignacio Ellacuría y los sacerdotes de la misma nacionalidad Ignacio Martín-Baró, Amando López, Juan Ramón Moreno y Segundo Montes, así como el salvadoreño Joaquín López y López.
Junto a los jesuitas fueron asesinadas la cocinera Elba Julia Ramos y su hija Celina, de 16 años.
Por los asesinatos fueron llevados a juicio, en septiembre de 1981, el coronel Guillermo Benavides, quien se desempeñaba como director de la Escuela Militar, y otra decena de miembros de la Fuerza Armada.
Un tribunal de conciencia civil condenó a Benavides y al teniente Yussy Mendoza a la pena máxima del país, treinta años de prisión, pero ambos fueron liberados en marzo de 1993 mediante una Ley de Amnistía que fue decretada por la Asamblea Legislativa.
Tojeira afirmó que esa ley no solo es inconstitucional desde diversos puntos de vista jurídicos, sino que no puede favorecer a funcionarios en ejercicio en el momento en que se cometen los crímenes.
El artículo 244 de la Constitución de la República dice que "la violación, la infracción o la alteración de las disposiciones constitucionales serán especialmente penadas por la ley, y las responsabilidades civiles o penales en que incurran los funcionarios públicos, civiles o militares, con tal motivo, no admitirán amnistía, conmutación o indulto durante el período presidencial durante el cual se cometieron".
