Personas tan comunes como una verdulera y un artesano se convirtieron ayer en dos de los seis jueces ciudadanos que por primera vez impartirán justicia en la historia de Bolivia. Sendos juicios orales se instalaron en La Paz, sede gubernamental del país, y en la oriental ciudad de Santa Cruz, en acatamiento a normas de un nuevo Código de Procedimiento Penal vigente en Bolivia desde el 31 de mayo.
En La Paz, dos humildes vendedoras ambulantes y un artesano -todos ellos apoyados técnicamente por dos abogados- conformaron un inédito Tribunal de Sentencia que dirimirá la inocencia o culpabilidad de Carlos Flores, un presunto homicida, acusado de asesinar hace tres meses a cuchilladas a su concubina y a la vez sobrina, Benedicta Flores.
El acusado, un indígena de 61 años, habló en la lengua nativa aymara en un primer alegato por su defensa. En Santa Cruz, distante a 800 kilómetros al este de La Paz, otro tribunal similar, conformado por un electricista, un ama de casa y un comerciante minorista, asistidos también por dos abogados, juzgarán a cuatro brasileños, acusados de acribillar a balazos a un policía boliviano durante un asalto armado a una cooperativa de ahorro en una zona rural cercana a la frontera con ese país.
Los extranjeros fueron identificados oficialmente como Leo de Castro, Sergio Neves dos Santos, Paulo da Silva Oliveira y Adao Nilson do Santos, pero no se divulgaron otros detalles sobre sus estados de origen. Los jueces ciudadanos fueron seleccionados por sorteo en el padrón electoral del país.
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