Tensión ante posible desafuero de Pinochet

El gobierno está preocupado por el posible desafuero de Augusto Pinochet como senador vitalicio y advirtió que la decisión judicial debe ser respetada por todos los sectores.
El ministro del Interior, José Miguel Insulza, dijo que el gobierno acatará la resolución judicial "tal como todo el país debería hacerlo".
Agregó que "si hemos dicho que en Chile puede haber justicia, es necesario respetar lo que los tribunales decidan".
El 6 de marzo, sólo tres días después que el anciano ex dictador retornara a Chile tras permanecer 503 días detenido en Londres, el juez Juan Guzmán Tapia acogió una solicitud de abogados querellantes y pidió a la Corte de Apelaciones de Santiago el desafuero de Pinochet.
El proceso de desafuero comenzará a tratarse el 12 de abril y tomará al menos un mes. Guzmán pidió levantarle el fuero que Pinochet posee como senador vitalicio, cargo que se otorgó en su Constitución aún vigente de 1980, para procesarlo por 19 secuestros de prisioneros políticos aún desaparecidos.
La derecha opositora, resuelta a desvincularse de sus lazos con el ex gobernante, acepta el posible juzgamiento de Pinochet. Los dirigentes de los dos partidos derechistas plantearon que se debe procurar un retiro "digno" de la actividad pública de Pinochet, para lo cual está dispuesta a convenir reformas constitucionales democratizadoras con el oficialismo.Los sectores derechistas y castrenses más recalcitrantes, sin embargo, sostienen que los esfuerzos por desaforar y juzgar al ex dictador es "una confabulación para afectar a Pinochet, su gobierno, y a las fuerzas armadas por parte del partido Comunista y sectores socialistas que, más allá de una reparación, buscan venganza política".
Así lo manifestó el ex jefe de la Armada y actual senador designado en representación de esa arma, Jorge Martínez.
La derecha más dura sostiene que hay una campaña de presión hacia los tribunales. El presidente Ricardo Lagos y su gobierno han enfatizado que el caso Pinochet está radicado en los tribunales y no intervendrá en ningún sentido.
El gobierno relanzó ayer una mesa de diálogo entre civiles y militares que busca determinar el paradero del millar de detenidos desaparecidos.
Un virtual acuerdo fue paralizado luego que los militares recibieran como héroe a Pinochet tras su liberación, lo que fue considerado inoportuno por cuatro abogados de derechos humanos que integran la mesa, por cuanto, el ex jefe militar es, a su juicio, el principal responsable de las graves violaciones a los derechos humanos durante su dictadura.