Las mismas aprensiones que en su momento tuvo el Dr. Belisario Porras cuando escribió su famoso ensayo “La venta del Istmo”, las he tenido con referencia al tema de las implicaciones generadas por las concesiones de tierras y aguas otorgadas, sobre todo, en los dos últimos Gobiernos, para la explotación de recursos minerales e hídricos estimada en unos 11 mil kilómetros cuadrados (el equivalente territorial de las provincias de Chiriquí y Bocas del Toro juntas), y por otro lado, en relación con las consecuencias del denominado “turismo residencial”, cuyas disposiciones legales para regular la materia siguen siendo ambiguas y contradictorias.
En principio, nadie pone en duda que las citadas actividades son generadoras de un enorme beneficio económico, el que, sin embargo, resulta cuestionable debido, por ejemplo, a la participación, en muchos de los casos, de coimeros estataleso de desarrollistas privados inescrupulosos que piensan que el dinero a corto plazo es lo único que importa, y han contribuido de paso, salvo contadas excepciones, a incrementar la degradación medioambiental, sociocultural e incluso la pérdida gradual de nuestra identidad nacional.
Concentrémonos esta vez en el tema del “turismo residencial”, y analicemos varias de sus aristas para tratar de identificar sus ventajas y desventajas para el país. Por cierto, para empezar hay que decir que es un concepto mal empleado, el cual se sigue utilizando como eufemismo a fin de confundir una clásica actividad de bienes raíces y venta de tierras a extranjeros, con el turismo propiamente dicho.
Como es lógico, amparados en esta sutileza, los afortunados compradores foráneos o turistas residenciales han aprovechado los privilegios especiales que las leyes panameñas otorgan, supuestamente para promover el turismo como tal, a quienes deseen adquirir tierras en nuestro país.
Entre dichos beneficios exclusivos para los jubilados extranjeros (baby boomers) que decidan radicarse en Panamá, están: la exoneración del pago de impuestos sobre la renta y sobre los intereses bancarios. La importación de automóviles, muebles y artefactos de uso doméstico (lavadoras, refrigeradoras, estufas, etc.) provenientes de cualquier parte del mundo, libre de impuestos a través de la Zona Libre de Colón. El otorgamiento de una visa especial casi expedita (entregada en menos de dos meses) como “Inversionista residente” que les permite residir indefinidamente en nuestro país. Como dato curioso, de las 1128 visas otorgadas el año pasado por la Dirección Nacional de Migración, 759 son de “Turismo residencial”.
Es indudable que estas canonjías han constituido para los foráneos un interesante incentivo y las mismas ayudan a explicar el denominado “boom inmobiliario” que se desató de unos años para acá (inicios de la década del 2000) en favor de inversionistas extranjeros que encontraron la manera ideal de vivir bien y de paso hacer un buen negocio en nuestro país. Todo esto viéndolo bien, no tendría mucho que objetar si consideramos el inusitado auge en el sector de la construcción y la vitalidad nunca antes vista del sector de bienes raíces que ha tenido Panamá en los últimos años, lo cual se traduce en el incremento de las fuentes de empleo y la obtención de mayores ingresos, especialmente para los involucrados en estas dos actividades del quehacer nacional.
Lo curioso y hasta paradójico del asunto es que dichos fueros o privilegios para la adquisición de bienes no son aplicables a los jubilados panameños o baby tainachers(para ponerles también un nombre rimbombante). Este hecho al amparo de lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de nuestra Constitución, es por sí solo violatorio de la ley, ya que en estos artículos se establece taxativamente que “no habrá fueros o privilegios personales ni discriminación” y que “los panameños y extranjeros son iguales ante la ley”. En la práctica, esta violación a la Constitución se traduce además en una real desventaja para los connacionales que igual deberían tener perfecto derecho a aspirar a construir su residencia de retiro en algún rinconcito paradisíaco de nuestro país, con las facilidades concomitantes que, sin embargo, le están vedadas por las sui géneris leyes de turismo panameñas.
Como recientemente dijo el ahora ex ministro de Turismo, Rubén Blades, “La felicidad de un inversionista no debe sustentarse en la infelicidad de un país”. Y es que debido al mayor poder adquisitivo y a las ventajas competitivas que tienen a su disposición, la plusvalía del negocio de reventa de bienes raíces está siendo controlada mayormente por extranjeros (salvo muy contadas excepciones), creando de paso la posibilidad de que se establezcan potenciales guetos residenciales en el territorio nacional.
Además, para todo panameño que se precie de serlo, resulta humillante que a través de campañas publicitarias de fomento al turismo se promueva fuera de nuestras fronteras, otra vez como en los tiempos de Porras, “la venta del istmo”. Y más humillante aún que se resalten las ventajas comparativas de una nación para estimular la inversión con base en la pobreza, al destacar por ejemplo que solo aquí encontrarán la rareza de poder contratar a una empleada doméstica que viva en tu casa y a la que solo tienes que pagarle 120 dólares mensuales. O de un jardinero a tiempo completo a precio de baratillo.
Pero bien, debo aceptar que dentro de este desalentador panorama general que ofrece el mal llamado “turismo residencial”, no todo son negros nubarrones y por supuesto hay excepciones importantes. Hablemos ahora de lo que a favor nuestro, y por gracia de Dios, también se ha derivado de esta particular modalidad de inversión privada en Panamá, aquí vamos.
Tuve la oportunidad recientemente de visitar y comprobar, con mis propios ojos, la mayor parte de los proyectos residenciales amparados en este concepto dentro del distrito de Boquete, gracias a la cortesía de un amigo y profesional de la arquitectura vinculado a los mismos, que me llevó a conocerlos. Varias cosas me llamaron poderosamente la atención favorablemente. Primero que ninguna de estas residencias lujosas enclavadas en las montañas boqueteñas ha impactado negativamente el entorno. En ningún caso observé áreas deforestadas, incluso el propio modelo arquitectónico de las residencias ha sido adaptado con maestría y buen gusto a la propia configuración y desniveles del terreno, a fin de evitar la movilización de tierra. Esta aseveración contrasta significativamente con las referencias que al menos yo tenía, considerando las reiteradas denuncias que había escuchado por parte de los ambientalistas, sobre la supuesta deforestación en la zona boscosa de Boquete debido a la intromisión de estos proyectos residenciales. Por otro lado, me sorprendió gratamente comprobar lo extenso y bien conservado que se encuentra el área boscosa aledaña donde se localizan dichos proyectos. Los pequeños claros que se observan en la panorámica desde lo alto, corresponden a las áreas que en principio fueron deforestadas para la ganadería y la agricultura por los primeros colonos fundadores de Boquete, quienes se dedicaron a estas labores.
Valle Escondido es probablemente el proyecto residencial de este tipo más emblemático y mejor conocido por los panameños. En efecto, su promotor, el inversionista inmobiliario Sam Taliaferro, fue quien inspiró este modelo de urbanismo ecológico y puso a Boquete en el mapa de los “baby boomers”. Sin embargo, en la actualidad existen otros proyectos similares, todos ellos con la misma mística arquitectónica, que procura conservar las especies nativas aledañas (árboles, fuentes de agua, incluso cafetales existentes). El más ambicioso, de mayor nivel y, con seguridad, menos conocido (hasta ahora), es Cielo Paraíso. Con una extensión global de más de 300 hectáreas y el cual tiene contemplado la construcción de un hotel de lujo, área residencial, zona de bosque protegido y una cancha de golf de 18 hoyos con especificaciones para profesionales y competencias internacionales, la cual ya está terminada, así como las primeras residencias de costos millonarios enclavadas en la espesura del bosque.
A todo esto, debo agregar que buena parte de los nuevos residentes de Boquete son profesionales jubilados de gran valía, dispuestos a integrarse a la comunidad y a brindar sus conocimientos de forma gratuita. Algunos son científicos, entre ellos un físico nuclear, ingenieros, militares, músicos, artistas, ex asesores gubernamentales, médicos etc.
En general, se estima que cada uno de estos nuevos residentes de Boquete gasta en promedio $250,000 en la compra de su residencia, y una familia residente gasta aproximadamente $24,000 -al año- en bienes de consumo inmediato (alimentación, medicamentos, gasolina etc.). Cifras oficiales indican que en Chiriquí y Bocas del Toro se han desarrollado proyectos inmobiliarios que superan los 400 millones de dólares.
De manera que, para concluir, estimo que no se trata de oponerse por oponerse a esta clase de proyectos inmobiliarios, sobre todo si se toma el ejemplo a imitar del urbanismo ecológico de Boquete, en el cual a no dudarlo hay que darle mucho crédito a los profesionales de la arquitectura del área en la provincia de Chiriquí que han sabido contagiar con su mística de conservación y respeto a la naturaleza a sus potenciales clientes recién llegados.
Hace falta entonces, me parece, modificar la ley de estímulo para los jubilados extranjeros. Los beneficios naturales que Panamá ofrece son suficientes para seguir atrayéndolos sin necesidad de que estos otros privilegios excluyentes se mantengan, a menos que se equiparen por igual a los jubilados panameños. De hacerlo, es posible que el ritmo de llegada se desacelere un poco, pero esto a la postre es bueno para que el país pueda absorber el impacto sin afectar demasiado nuestra propia calidad de vida.
Tenemos que aceptar que siempre habrá abusos y consecuencias negativas del derecho a la propiedad, partiendo del hecho de que un propietario puede hacer lo que quiera con lo que le pertenece. Es por ello que deben existir reglas claras y normas ambientales bien definidas por parte del Estado, empezando por eliminar el término ambiguo de turismo residencial. En su lugar, bien podría acuñarse un nuevo término más sugerente como urbanismo ecológico, siguiendo el patrón que con buen pie se ha establecido en Boquete para bien de todos los panameños.
