Las fuentes evitaron identificar al eclesiástico para no entorpecer las diligencias, pero subrayaron que se trata de "un testigo excepcional, que tuvo conocimiento directo de desapariciones y crímenes" cometidos durante el pasado régimen militar chileno (197390).
Además, "ayudó a muchas víctimas de la represión, como un verdadero samaritano", agregaron los informantes.
Esta será la primera vez que un alto representante de la iglesia católica chilena prestará testimonio ante el juez Manuel García Castellón en el marco del procedimiento judicial transformado actualmente en sumario abierto en 1996 en Madrid.
La semana pasada, un general chileno Sergio Poblete Garcés testimonió también por primera vez en contra de Pinochet, responsabilizándolo de ser "el primer culpable" de los "crímenes" cometidos durante su régimen.
"Efectivamente, un obispo católico chileno declarará ante el juez García Castellón, pero por ahora no podemos adelantar su identidad", confirmó uno de los abogados familiarizados con la investigación judicial española.
El anuncio de este testimonio sin precedentes en el caso, coincide con la visita iniciada ayer lunes a España por el presidente democristiano chileno Eduardo Frei, cuyo gobierno ha sido criticado abiertamente por partidos izquierdistas españoles por su negativa a colaborar con la Audiencia Nacional en sus investigaciones contra Pinochet.
La coalición Izquierda Unida (IU), de mayoría comunista, no titubeó un instante en rechazar pública y categóricamente una invitación oficial a una cena organizada en honor de Frei por la embajada de Chile en Madrid.
"Debido a la no colaboración de Chile con la justicia española, IU no puede compartir mesa con quien admite la permanencia del dictador Augusto Pinochet al frente de las Fuerzas Armadas chilenas", dijo al respecto Rosa Aguilar, portavoz parlamentaria de Izquierda Unida.
Además subrayó el gobierno chileno "acepta la farsa que supone el nombramiento próximo del dictador como senador vitalicio de una democracia, permitiendo que la impunidad se mantenga como sistema social en Chile".
Pero, sobre todo, Rosa Aguilar y su partido rechazan "las interferencias a la justicia española y las continuas presiones que el gobierno de Chile viene ejerciendo sobre el gobierno español" del presidente José María Aznar para que los fiscales de la Audiencia Nacional "archiven de una vez el juicio contra Pinochet por los desaparecidos".
Por su parte, el secretario de Derechos Humanos de IU, Isabelo Herreros, afirmó que el "único Punto Final posible contra la impunidad es una sentencia firme" contra los militares culpables.
"Y cuando Pinochet sea condenado en España por genocida y asesino, Frei tendrá que pedir disculpas a España por haber mantenido durante su presidencia a alguién tan indigno en la Jefatura de las Fuerzas Armadas".
Tras entregar el poder en 1990, por mandato popular, el general Pinochet se mantuvo como comandante en jefe del Ejército y cuando entregue el cargo militar, el próximo 10 de marzo, se convertirá automáticamente en senador vitalicio, gracias a las disposiciones de sus propias leyes.
El juez de la Audiencia Nacional basa esencialmente sus investigaciones contra Pinochet en una serie de denuncias sobre decenas de casos de españoles que "desaparecieron" durante el régimen militar, después de ser "ilegalmente detenidos y torturados" por militares.
Pero, el presidente del Senado de Chile, Sergio Romero también de visita en España no le ve futuro a las investigaciones del juez español, por contener "un grado de desinformación enorme", además de contrariar "todos los principios de territorialidad y de jurisdicción de competencia".
Para Romero, tampoco "tiene futuro" una querella presentada en Santiago contra Pinochet por el Partido Comunista de Chile.
Pinochet dijo Romero al diario conservador ABC "ha sido un factor de moderación en estos últimos ocho años" en Chile y el "respeto" que le tienen las Fuerzas Armadas "se va a mantener inalterable probablemente haste que él fallezca".