México y Brasil son los países donde más se han deteriorado los derechos humanos en el último año debido a los abusos cometidos por el Ejército y la Policía en la lucha contra el narcotráfico, según denunció hoy la organización Human Rights Watch (HRW).
Las denuncias de abusos se han disparado en ambos países, pero no hay investigaciones reales para encontrar a los culpables y hacer justicia, según la organización, con sede en Nueva York, que presentó hoy su informe anual.
En México, el director ejecutivo de HRW, Kenneth Roth, afirmó que el Ejército, desplegado para combatir a los carteles de la droga, tiene un historial "horrendo" de no investigar delitos cometidos por sus miembros.
"No es una sorpresa, por tanto, que la violencia y el abuso por parte del Ejército se hayan disparado. La población local no cooperará con una fuerza que está fuera de control y es abusiva", dijo Roth en una rueda de prensa en Washington.
El número de denuncias contra las fuerzas armadas presentadas ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos de México se multiplicó por seis entre 2006 y 2008, y llegó a 559 en los primeros seis meses de 2009, según el informe.
Las autoridades militares se reservan la jurisdicción de investigar esos casos, lo que significa que la mayoría nunca son juzgados, según HRW.
"En México, los militares aún no rinden cuenta de sus actuaciones", dijo José Miguel Vivanco, director del departamento de América Latina de la organización defensora de los derechos humanos.
"No queda claro el grado de subordinación de los militares al poder civil, especialmente sobre la rendición de cuentas sobre abusos", añadió.
Una situación parecida se vive en Brasil, donde Vivanco acusa a la Policía de tener "gatillo fácil" y de no investigar sus propios abusos.
Según datos oficiales recogidos por la organización, en los primeros seis meses del año pasado, agentes de la fuerza pública fueron responsables de 561 homicidios en el estado de Río de Janeiro, donde el problema es más grave.
"Los mecanismos de control de la Policía dependen de la voluntad de investigarse a sí misma. Hay un conflicto de interés obvio", denunció Vivanco.
En la rueda de prensa, Roth también indicó que Brasil está por detrás de otros países latinoamericanos en la investigación de los crímenes cometidos durante el régimen militar (1964-1985).
Los asesinatos llevados a cabo en esa época "no pueden simplemente ser dejados de lado", dijo Roth, quien instó a que se permita la investigación por parte de la comisión de la verdad que ha sido propuesta por el Gobierno y ha sido criticada por los militares.
Como en otras ediciones, el informe de HRW también destaca los abusos a los derechos humanos cometidos en Colombia.
La asociación denunció la aparición de nuevos grupos paramilitares, un fenómeno que ha causado una escalada de homicidios en algunos lugares, como Medellín, y que debería recibir más atención del Gobierno, a su juicio.
HRW criticó, además, al Gobierno colombiano por obstaculizar la investigación de los vínculos entre los aliados políticos del presidente Álvaro Uribe y los grupos paramilitares.
Roth dijo estar "bastante preocupado" con la posibilidad de que Uribe se presente a la reelección, pues su victoria significaría la consolidación de su poder, "similar a lo que hizo (Alberto) Fujimori en Perú".
Mientras, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) continúan con los asesinatos y los secuestros, especialmente de indígenas. "Es una organización que no ha mostrado ningún tipo de mejorías en su patrón de conducta", dijo Vivanco.
En Venezuela, la principal queja de HRW son las restricciones que el presidente, Hugo Chávez, ha impuesto a los medios de comunicación, con el objetivo de limitar su capacidad de ser "un contrapeso" al Gobierno.
Vivanco criticó la intimidación a la sociedad civil y a los jueces, como refleja la detención de la magistrada María Lourdes Afiuni.
Afiuni está encarcelada desde hace más de un mes tras haber puesto en libertad condicional a Eligio Cedeño, un empresario acusado de fraude que posteriormente se fugó.
Chávez ha acusado a la jueza de formar parte del plan de huida de Cedeño y pidió que sea condenada a 30 años de prisión.
Vivanco dijo que si hay indicios de irregularidades en su actuación deben investigarse mediante los mecanismos dispuestos por la ley y siguiendo el debido proceso.
