El presidente de la Asamblea General de la ONU, Miguel D'Escoto, afirmó hoy que el organismo está "lejos" de lograr un consenso sobre cómo implementar el principio de la responsabilidad de proteger, adoptado en la Cumbre Mundial de 2005.
El ex canciller nicaragüense cerró con esta afirmación una reunión de Naciones Unidas sobre cómo poner en práctica el deber de la comunidad internacional de evitar la comisión de genocidios, crímenes de guerra, limpiezas étnicas u otros delitos contra la humanidad.
La reunión de dos días que se inició el pasado jueves se alargó finalmente hasta hoy debido a que 94 de los 192 miembros de la ONU pidieron tomar la palabra en la misma.
D'Escoto señaló que las opiniones de los expertos y de las delegaciones que intervinieron en el debate constatan la profunda discrepancia que existe sobre el concepto (conocido por el acrónimo Rdp) entre aquellos que lo consideran un paso adelante en la defensa de los derechos humanos, y los que temen que sea una reencarnación del colonialismo.
"Sería justo decir que estamos lejos de alcanzar un consenso sobre cómo trasladar el concepto del Rdp de la teoría a la práctica", afirmó el presidente de la Asamblea General, que se alinea con los críticos de este principio.
Los partidarios de implementar la Rdp aseguran que la mayoría de la comunidad internacional apoya convertir en realidad la promesa adoptada por la ONU en la cumbre de 2005.
En esa ocasión, los miembros de las Naciones Unidas acordaron asumir "la responsabilidad de proteger" que tiene la comunidad internacional para evitar genocidios u otros crímenes contra la humanidad.
Ese principio abre la puerta a la intervención internacional si un Estado incumple la obligación de proteger a su población de atrocidades, como sucedió en el genocidio de Ruanda en 1994.
Sin embargo, D'Escoto señaló que "muchos" de los países que intervinieron en el debate expresaron "las razones por las que tienen reservas a la hora de abrazar esta doctrina y sus aspiraciones".
"Recientes y desastrosas intervenciones proporcionan a los países en desarrollo sólidas razones para temer a los motivos loables que terminan siendo abusados para justificar intervenciones contra los débiles", apuntó.
Asimismo, destacó que la mayoría de las delegaciones reafirmó que cualquier uso de la fuerza debe ajustarse al sistema de seguridad colectiva previsto en la Carta de Naciones Unidas.
"Sin olvidar las preocupaciones sobre las intervenciones y la soberanía, nos une la convicción de que la comunidad internacional no puede permanecer silenciosa ante el genocidio, la limpieza étnica y los crímenes de guerra", agregó.
La posición crítica del ex canciller sandinista contrasta con la de otros responsables de Naciones Unidas, como el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, y la Alta Comisionada para los Derechos Humanos, Navi Pillay.
Ban instó la semana pasada en la presentación de un informe sobre la implementación de la Rdp a "no ceder ante aquellos que intentan cambiar el tema o intentan convertir los esfuerzos comunes para detener las peores atrocidades en la historia de la humanidad en disputas ideológicas, geográficas o económicas"
El máximo responsable de la ONU también recalcó que la acción militar es el último recurso y solo debe tomarse de acuerdo con las provisiones de la Carta de las Naciones Unidas.
