Cuatro agentes del servicio penitenciario de la provincia argentina de Mendoza fueron detenidos y tres jefes del área fueron separados de sus cargos tras la difusión de vídeos con imágenes de torturas a los presos de una cárcel del distrito, informaron hoy fuentes oficiales.
Los jefes de seguridad interna, inspección y de turno del penal San Felipe fueron separados luego de que la Justicia abriera esta semana una investigación por presuntos casos de torturas en esa cárcel de Mendoza, unos mil kilómetros al oeste de Buenos Aires, precisaron portavoces del Gobierno provincial.
También fueron detenidos los cuatro agentes identificados en las imágenes en las que se ve a oficiales del servicio penitenciario dando golpes de puño, azotes y patadas a detenidos, algunos de ellos esposados o maniatados, pidiendo con gritos el fin de los tormentos.
En tanto, los investigadores intentaban este jueves localizar a un quinto agente, que permanece prófugo, y no descarta la participación de un sexto en los hechos.
"Podría haber más capturas de involucrados en el caso", señaló hoy el fiscal Santiago Garay, a cargo de la investigación de los casos denunciados ante la justicia por la Asociación para la Promoción y Protección de los Derechos Humanos Xumek, que obtuvo una filmación realizada el año pasado en la prisión con un teléfono celular.
La denuncia también fue remitida a la Dirección de Derechos Humanos del Gobierno de Mendoza y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
"Estamos haciendo todo el requerimiento administrativo, jurídico y penal para aplicar sanciones en una situación absolutamente grave", aseguró este miércoles el ministro de Gobierno de Mendoza, Mario Adaro.
Dijo que, además, el Gobierno trabaja para identificar a las víctimas de las torturas que muestra el vídeo y "si han tenido situaciones de afectación de la salud física y si fueron atendidos por la parte médica del servicio penitenciario".
El funcionario recordó que en diciembre último Mendoza logró que se le levantara la sanción impuesta en 2004 por la CIDH debido al estado de emergencia en que se encontraba el sistema penitenciario provincial, situación que fue superada, según constató dicha corte en supervisiones a los penales.
En 2004, 16 presos murieron en cárceles de Mendoza en medio de condiciones "infrahumanas" e "inaceptables", estableció en ese momento una delegación de la CIDH, entidad autónoma de la Organización de Estados Americanos (OEA).
