Se trata de una corporatización y no de una privatización aseveró Fátima Pérez Polo, directora de la Unidad Coordinadora para el proceso de Privatización (PROPIVAT). "Esto quiere decir que se va a transformar el aeropuerto en una empresa, sociedad anónima cuyo dueño es la República de Panamá", indicó.
La directora de PROPIVAT negó que existiera un capital privado que este adquiriendo acciones, o un concesionario que administre el aeropuerto.
Sin embargo aseguró que se trata de una estructura administrativa, nueva moderna, con una autonomía en la que podrá administrar sus propios recursos, pero seguirá siendo propiedad del Estado.
En días pasados la presidenta Mireya Moscoso designó la Junta Directiva de la nueva empresa presidida por Arnulfo Escalona como presidente; Eduardo Quirós, vicepresidente; Norberto Delgado Durán, secretario; y Manuel Cohen Salerno como tesorero.
De igual manera la asociación de aerolíneas y la de los comerciantes presentaron ante el ejecutivo sus respectivas ternas de la cuales la presidenta Moscoso escogió a Jorge García de Icaza y Jack Betesh como representantes respectivamente.
No obstante, los empleados del respectivo aeropuerto no han escogido a la persona que los representará ante la junta, por la razón que aún no se ha establecido quienes continuarán trabajando en el terminal y quienes no.
Desde el año pasado la presidenta en el Consejo de Gabinete instruyó que los ministros de economía y Finanzas y el de Gobierno y Justicia adelantaran un proyecto de reestructuración del sector aeronáutico, con particular énfasis en la modernización del Aeropuerto Internacional de Tocumen.
Es así como se presentaron tres proyectos de leyes a la Asamblea en la cual una de ellas transforma la dirección de Aeronáutica Civil en Autoridad.
Pero la ley en relación al terminal aéreo es la que permite crear empresas administradoras de aeropuertos de propiedades 100% del Estado.
Esta es una ley marco que puede ser aplicada en cualquier aeropuerto del país, pero también la misma señala que es en el Aeropuerto Internacional de Tocumen en donde por primera vez deberá ser aplicada este nueva fórmula. Su periodo de transición es de 120 días desde el 29 de enero fecha en que se dio la aprobación de la ley.
El gobierno aprobó un plan de medidas urgentes de una inversión de un millón de dólares que en estos momentos se está ejecutando.
De acuerdo con Pérez para mejorar el nivel de calidad de los servicios, una de las metas principales del equipo gerencial de la junta es impulsar el proyecto de expansión del aeropuerto, ya que es obvio que el terminal está saturado en su espacio, y se espera de sarrollar unos 31 subproyectos para el mejoramiento del aeropuerto.
El aeropuerto genera ingresos suficientes para invertirlos en sí mismo, con lo que de esta manera contribuirá al resto del sistema a través de un aporte a un fondo especial para el desarrollo de la infraestructura de Aeronáutica Nacional, sostuvo Pérez.
Este fondo lo establecerá próximamente el gabinete, cifra que anualmente la empresa del aeropuerto aportará a la Autoridad de Aeronáutica Civil para desarrollo de proyectos de inversión.
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