La Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP), la Cruzada por La Paz y la Fundación Panamá Seguro solicitaron ayer al Gobierno que se posponga la entrada en vigencia de la Ley 56 del 27 de marzo de 2011, que regula los servicios privados de seguridad y dicta otras disposiciones.
La CCIAP basa su petición en el impacto que tendría la Ley 56 en el sector privado y en algunos indicadores sociales, ocasionados por la reducción o cancelación de servicios de seguridad.
José Luis Ford, presidente de la Comisión de Seguridad de la CCIAP y presidente encargado del gremio, dijo que la institución ha realizado los encuentros necesarios con las autoridades correspondientes sobre este tema.
En este sentido, Ford dijo que la Comisión de Seguridad de Panamá, en el caso que la normativa sea revisada como lo propuso el presidente Ricardo Martinelli, brindará apoyo al Ministerio de Seguridad Pública (Minseg), en el análisis de esta ley para garantizar una adecuada implementación.
La nueva reglamentación, que debe entrar en vigencia mañana, ha sido considerada por los empresarios como una ley que aumentará los costos operativos y administrativos de los comercios.
Se deben hacer correcciones.
Entre tanto, en una reunión que sostuvieron ayer por largas horas, representantes de la Cámara Panameña de Seguridad Privada, de Cruzada por La Paz y de la Fundación Panamá Seguro, elaboraron una carta dirigida al mandatario donde le hacen ver que la reglamentación de la ley no involucró a nadie de la fundación, a los dueños de agencias, ni tampoco a los sindicatos de agentes.
Los miembros de organizaciones, entre los que están Rafael Zevallos, Severino Mejía, exministro de Gobierno y Humberto Masea, le manifiestan a Martinelli que llegaron a la conclusión de que existen importantes diferencias entre el proyecto discutido en la Asamblea Nacional hace un año y el resultado final aprobado en la Ley 56.
“No es prudente que la ley entre en vigencia sin una reglamentación consensuada y revisada por todas las partes involucradas”, señalan en el documento.
Consideran que se eliminó la ley original del Comité Permanente de Seguridad Privada, suscrito al Minseg, liderado por la Dirección Institucional de Seguridad Pública (DIASP) e integrado por dueños de agencias, sindicatos, representantes de la sociedad civil y la CCIAP.
De igual forma, señalan que el artículo 20 de la nueva legislación habla del Centro de Capacitación de Seguridad del Minseg, el cual no existe.
No están acondicionadas.
Por su parte las empresas de seguridad indicaron que no están preparadas para brindar el servicio de escoltas de camiones de reparto y solicitan una ley especial laboral para su industria, para poder cumplir con los requerimientos de la ley y a la vez garantizar mejores ingresos para sus agentes.
Por otra parte, se indica que la DIASP no está preparada no cuenta con el personal, ni con los recursos para fiscalizar y hacer cumplir la ley. Además que en la actualidad no existen los polígonos de tiro ni los capacitadores suficientes, para cumplir con los cursos requeridos para hacer la nueva ley.
Félix Antonio Morales, miembro de la Cámara Panameña de Seguridad Privada, considera que aún no se pueden estar emitiendo, , opiniones de algo que todavía no está terminado.
Lo que opinan sobre el marco de la nueva ley.
- Tenemos expectativas de que las cosas marchen con buena “lead”. Se entenderá que la intención de esto es reforzar la seguridad privada para que se tenga mayores niveles de protección.
- Cámara Panameña de Seguridad Privada
Lo que dice la Ley 56 de 2011
- Vigilancia y protección de toda clase de bienes muebles o inmuebles.
- Servicios de vigilancia y protección privada para bares, clubes nocturnos, restaurantes, discotecas, casinos, almacenes, hoteles, pensiones y lugares de ocasión.
- Servicio de vigilancia fija, móvil, escolta y transporte de valores.
- Servicio de detectives e investigadores privados.
- Las empresas de seguridad privada y el personal adscrito a ellas colaborarán con la Fuerza Pública y con cualquiera institución de seguridad pública del Estado.
- La DIASP ejercerá la supervisión, mediante inspecciones y auditorías inesperadas.
- Para solicitar autorización para operar las empresas deben dirigirse a la DIASP.
- Las empresas de seguridad y detectives privados presentarán en el mes de enero de cada año un informe sobre sus actividades a la DIASP y esta entregará la empresa de seguridad una tarjeta de habilitación especial que la identificará.
