Aunque las exportaciones panameñas han caído dramáticamente 37.5% hasta los $548.8 millones en los ocho primeros meses del año, comparado con igual periodo de 2008, el Estado ha “socorrido” a los exportadores mediante la expedición de 1,084 Certificados de Abono Tributario (CAT) y Eurocertificados.
El Ministerio de Comercio e Industrias (MICI) informó a Panamá Américade que entre enero y agosto de este año ha expedido 858 CAT, distribuidos entre 96 empresas exportadoras, por un total de $11.84 millones.
En tanto, los eurocertificados, creados como consecuencia de la negligencia del gobierno pasado de Martín Torrijos al no renovar a tiempo la participación de las preferencias arancelarias europeas en 2008, le han costado hasta agosto pasado al erario $2.1 millones por 226 solicitudes, según la información oficial.
Detalles.
Una rápida comparación de las dos nóminas revela que 24 empresas tienen la coincidencia de aparecer en ambas (ver listado).
Llama la atención la resistencia gubernamental para precisar la asignación individual de los fondos públicos a cada empresa, por una interpretación legal sobre la supuesta imposibilidad de revelar datos que pongan en evidencia la situación real de las empresas atribuida a la ley de Aduanas, de acuerdo con las fuentes oficiales consultadas.
Esto significa que en sus dos primeros meses la nueva administración gubernamental retornó a los productores $583.304,13 en concepto de devolución por los impuestos pagados a causa de la perdida de los beneficios del Sistema Generalizado de Preferencias Arancelarias, que otorga la Unión Europea (UE) a las economías en desarrollo.
Las resoluciones de expedición de los eurocertificados las expide el Ministerio de Comercio, las refrenda la Contraloría General de la República y los cheques o acreditación a los impuestos los da el Ministerio de Economía y Finanzas.
Descuidos.
El ministro de Comercio, Roberto Henríquez, ha explicado que el gobierno anterior no pagó ninguno de los eurocertificados, “pese a haber asumido la responsabilidad desde el año pasado”.
A juicio de Henríquez, la nueva ley de Fomento Industrial acabará con las distorsiones que se daban en el comercio exterior, sobre todo, por los CAT, pues se entregan desde hace décadas sin prácticamente ninguna supervisión, al punto de que algunas empresas los recibían y usaban como instrumento de pago y nadie les exigía siquiera probar que habían exportado los bienes.
El subadministrador de la Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá (ARAP), George Novey, fue más allá y reveló que incluso hay casos de empresarios que importaban productos del mar y los reempacaban como si fueran panameños y cobraban el CAT.
El presidente del Sindicato de Industriales, Juan Francisco Kiener, aseguró que el Certificado de Fomento Industrial que se ha creado para alentar la productividad y reinversión no tendrá ninguna relación con el sustituto del Certificado de Fomento a la Agroexportación (CEFA) que se va a dar en remplazo del CAT a partir de 2010 y serán excluyentes.
El economista y catedrático José Antonio Ardila sostuvo que esta doble expedición de subsidio a una misma empresa puede ser “un desliz por falta de controles, vamos a darle el beneficio de la duda al Gobierno”, porque “no creo que la ley sea tan flexible para permitir darle dos subsidios a una misma empresa”.
Consideró que no es dable que una empresa reciba ambos subsidios.
Mientras tanto, el viceministro de Negociaciones Comerciales Internacionales, Francisco Álvarez De Soto, se encuentra en Europa para ultimar las gestiones para que la UE le vuelva a dar los beneficios arancelarios a partir de julio de 2010 a Panamá y poner fin a los eurocertificados.
