E n la actualidad, los países de Centroamérica están sufriendo un alza significativa en los precios de los alimentos, como resultado de la mayor utilización de biocombustibles, el incremento del precio de los fertilizantes y de los derivados del petróleo, y la mayor demanda proveniente del mercado asiático aunada a las profundas sequías sin precedentes que han afectado a algunos países exportadores de alimentos, entre otros factores.
Mientras las perspectivas en el mercado, no apuntan a menores precios en el corto y mediano plazo, la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO, por sus siglas en inglés), advierte que el alza de los precios de los alimentos puede aumentar el hambre, aunque dicha alza también podría beneficiar a millones de pequeños agricultores, hombres y mujeres, que producen alimentos para su consumo propio y venta en los mercados locales.
Para aprovechar las oportunidades se precisan políticas consistentes y sostenibles, e inversiones en capital humano, infraestructura rural y otros bienes públicos".
Lo anterior significa que los Estados de Centroamérica necesitan actuar en dos vías, una para influir en el corto plazo y otra de más amplio horizonte.
La primera, está relacionada con la ampliación o diseño de programas de asistencia social que permitan garantizar la alimentación de los sectores más pobres de la sociedad, los cuales destinan la mayor parte de sus ingresos al consumo de alimentos, y que ante la actual subida de precios están viendo mermada la capacidad de satisfacer sus necesidades más vitales.
Grupos Vulnerables
Cabe destacar que estos grupos vulnerables, en su mayoría son rurales, niños e indígenas.
Segundo, implementar políticas públicas que tengan como objetivo el desarrollo rural, favoreciendo la construcción de vías de comunicación y transporte, escuelas agrícolas y de investigación y desarrollo, almacenamiento de reservas productivas y la generación de trabajos dignos.
Seguridad alimentaria.
Los Estados centroamericanos deben colocar la seguridad alimentaria y el desarrollo rural como una prioridad en la agenda nacional, asignando recursos financieros adicionales, y reconociendo que esta inversión redundará en una mejora, tanto de las condiciones de vida de los ciudadanos tradicionalmente excluidos del desarrollo, como de la competitividad de la región.
