LAS AUTORIDADES han sido muy enfáticos en anunciar que los cambios que se darán en la ley orgánica de la Caja de Seguro Social CSS, será de corte paramétrico.
Es decir, se analizará cambiar algunos puntos como la edad de jubilación, subir la cuotas, manteniendo un régimen solidario o de reparto en el cálculo de las pensiones.
Pero hace catorce años, se hicieron cambios parecidos y la historia actual es por todos conocida. Economistas y actuarios han analizado el tema de las reformas en países de Latinoamérica.
Colombia, Argentina, Chile, Perú, Bolivia, El Salvador, México, Costa Rica entre otros, realizaron reformas desde estructurales y mixtas en el sistema de pensiones y jubilaciones.
Luego que el país vivió una crisis política-social, a causa de la guerrilla decidió en 1998 realizar un cambio estructural, en donde los trabajadores contribuyen con el 10% de sus salarios. Luego de la reforma, existe casi un millón de afiliados al sistema de cuentas individuales con más de 200 millones de dólares en activos.
Introdujo su reforma en 1994, permitiendo que los trabajadores escogieran pasar del sistema privado al público o viceversa, perpetuando su sistema de reparto.
Cambió radicalmente su sistema de reparto, pasando sin transiciones a un sistema de ahorro individual, modernizando el mercado de capitales. El Estado chileno, pudo cargar con el alto costo de transición, porque creó un fondo para resistir el cambio. Panamá no cuenta con ese fondo.
Estableció en 1994 un sistema mixto, en el que se mantiene dos pilares. Un plan financiado totalmente por las Agencias de Fondo de Jubilación Privado (AFJP), con el Plan público de beneficios y pensiones.
Aunque algunos economistas opinan que el sistema de los dos últimos países, sería ideal para Panamá, Ovidio Díaz, especialista en el tema, aseguró que los sistemas de pensiones privados no han tenido el resultado esperado.
Según Díaz, un estudio publicado en el New York Times demuestra que en Chile, personas de clase media que depositaron sus cuotas en cuentas privadas reciben menos beneficios de lo que reciben los pensionados del gobierno. El estudio resalta que los bancos que administraron los fondos se quedaron con una tercera parte de las ganancias, más de $35,000 millones.
Por otro lado, en Argentina, las agencias de pensiones, fueron obligadas a invertir la mayor parte de sus activos en bonos del gobierno.
Mientras más aguda la crisis del país, mayor la necesidad de financiamiento, y mayor el por ciento que los fondos tenían que prestarle al gobierno.
Eventualmente los fondos quedaron nacionalizados cuando el gobierno declaró un moratorium de su deuda.
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