Aún no hay quien le ponga el cascabel al gato. Los profesionales de la medicina que denunciaron el pago de los recargos que tienen que efectuar, por brindar sus servicios en dos hospitales que operan en el país, no ven la salida de este problema, a pesar que ya existe un decreto ministerial que acuerda sancionar esta práctica.
Cuando después de varios años, la Sociedad Panameña de Anestesiología denunció que algunas instituciones hospitalarias, a través de cargos que se adicionan al monto de sus servicios profesionales que deben pagar los pacientes coartaban el libre ejercicio profesional de los anestesiólogos no asociados a sus centros y por ende, se le limita al paciente.
Ante este hecho, el Consejo Técnico de Salud del Ministerio de Salud decidió el 8 de febrero, es decir hace dos meses, sancionar a las instituciones involucradas, con la sanción de 500 dólares por cada caso.
En adición se advirtió que, de continuar con las medidas restrictivas, hasta se podría sancionar con la suspención de la licencia de operación.
Sin embargo, el presidente de la Corporación Nacional de Anestesiólogos, Luis Enrique Pretto, precisó que el decreto no ha servido de nada porque la Clínica San Fernando y el Centro Médico Paitilla continúan instrumentando esta medida, al no haberse ratificado el documento.
Explicó que, desde 1975, el Centro Médico Paitilla cobra un recargo a sus pacientes si el anestesiólogo que solicitan no forma parte del grupo que trabaja de planta en la clínica. Este recargo va desligado del que pagan los doctores, lo que quiere decir, que aparentemente se cobra el mismo servicio por partida doble.
Pretto manifestó que teniendo que pagar tantos recargos, los pacientes prefieren atenderse con doctores que no son de su confianza y así se coarta el ejercicio de la profesión.
Indicó que esto se presenta, con el pretexto de que estos especialistas son los únicos que no llevan pacientes. Frente a la supuesta reserva, el doctor Pretto manifiesta: " Sin nosotros, nadie se opera." Y sin tener límites a sus medidas, las clínicas también le han exigido a los anestesiólogos de planta que dejen de un 30% a 40% de sus honorarios".
En tanto, el destacado anestesiólogo doctor Ruperto Palma, otro de los dirigentes del grupo, y reconocido especialista en anestesiología cardíaca, manifestó que los cargos hacen que los nuevos anestesiólogos queden sin ejercer su profesión, porque los grandes hospitales tienen cautivo el mercado".
" Nosotros no queremos que se cierre ningún hospital, pero se tiene que hacer valer el decreto, de manera que si se ignora la disposición harán presiones de fuerza", dijo Palma.
Dijo que el Ministerio de Salud es el encargado de ratificar el decreto, pero con la salida del ministro José Terán, el proceso se ha detenido. Hasta ahora no pronuncia el nuevo Ministro de Salud Fernando Gracia.
Palma explicó que, con la recolección de estos recargos, las clínicas pueden estar cobrando entre 600,000 y 800,000 dólares anuales respectivamente, con lo que se comprueba que son los especialistas los que corren con muchos de sus gastos operativos y administrativos.
La suma que se cobra por cada operación supera el 50% del costo total. Por ejemplo, en una intervención en la que el anestesiólogo cobra unos 1,000 dólares, las clínicas solicitan unos 720 dólares.
Palma indicó que "las instituciones hospitalarias no pueden operar al margen de la ley, porque sino el Ministerio de Salud perdería su liderazgo, que es el que regula las normas y esto desataría una crisis".
Los especialistas aseguran que si la situación persiste, lamentablemente se abocarán a una medida de fuerza, para lo cual ya han contratado a un bufete de abogados que estudian el caso.
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