La justicia chilena paralizó ayer el pago de depósitos bancarios robados a la estatal Corporación de Fomento (Corfo) por un valor que supera los 100 millones de dólares y que podría ser una de las mayores malversaciones registradas en Chile, informaron fuentes oficiales.
El juez Jorge Colvin acogió una petición de la Corfo e instruyó a la Superintendencia de Bancos para que ordene el "no pago" de los depósitos bancarios a plazo que robó un funcionario de la entidad estatal, según la denuncia conocida el sábado.
El funcionario Javier Moya admitió que entregó esos documentos a la empresa de inversiones Inverlink, vinculada hace un mes al robo de información reservada del Banco Central. El fiscal de la Corfo, Bernardo Espinoza, anunció la orden judicial, luego de reunirse con el juez Colvin, que decretó además el arraigo del presidente de Inverlink, Eduardo Monaterio, para evitar su salida del país y someterlo a un proceso por el delito de "apropiación indebida" de los depósitos bancarios.
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