El Gobierno español aprobó ayer un proyecto de ley contra el empleo irregular y el fraude a la Seguridad Social, así como la reforma del Código Penal que endurecerá las penas para esas conductas así como el engaño fiscal.
La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, aseguró tras el Consejo de Ministros en el que se aprobó ese proyecto de ley que se trata de “recuperar la confianza y la credibilidad del país” mediante un cumplimiento “leal y responsable” de las obligaciones tributarias y con la seguridad social.
Para ello, una de las principales medidas será ampliar de uno a tres años el plazo para exigir responsabilidad solidaria en los casos de subcontratación laboral, “a veces difíciles de perseguir y descubrir”, dijo la también portavoz del Gobierno.
Además, dejará de ser posible la reducción de las sanciones cuando la cuota liquidada no supere la sanción propuesta para evitar la reducción cuando la cuantía es muy elevada.
Se va a potenciar la colaboración de la inspección de trabajo con otros organismos que tienen datos de las empresas, como el consejo general del notariado.
Se amplía también el plazo de actuación de la inspección en los casos de gran complejidad, añadió la vicepresidenta.
