El Proyecto de Addenda No. 1 al contrato No. 129
04 del 3 de diciembre de 2004, suscribe al Instituto Panameño de Turismo (IPAT) y a la empresa Campagnani/BBDO Panamá, para redistribuir los montos asignados a cada uno de los planos establecidos en el pliego de cargos, que sirvió de base para la licitación pública.
En publicidad, quedan por utilizar 5, 409, 162 dólares y en servicios especiales un monto de 2, 100, 000 dólares, sumando 7, 509, 162 dólares.
Cuestionó que pese a que por más de tres años han solicitado dicha información a estas empresas no ha recibido respuestas.
Cuestionó que mientras sube las tarifas, el pueblo ni siguiera conoce cuanto reciben.
Insistió en la revisión de la tarifa mínima de ganancia que las empresas distribuidoras reciben, pues consideran que las mismas no deben tener un plano de garantía de ganancia mínima.
Hizo mención a Ley 6 de 2002, de transparencia, que permite que la información sea pública, por ende sugirió al ERSP, al Ministerio de Economía y Finanzas o el Ministerio de Comercio e Industrias que solicite a las empresas la divulgación de los Estados Financieros.
Ya que el Estado es propietario del 49% de las empresas privatizadas. Según Giovani Flecher están solicitando al Gobierno Nacional oportunidad para poder ser co-participe del diseño integral para modificar el Ente Regulador y la Comisión de Libre Competencia y Asuntos del Consumidor, (CLICAC), .
Esperan que su participación sea incluida antes de la entrada en vigencia de cualquier Decreto Ley, que afecte estos rubros y el sistema de protección al consumidor. Proponen entre las modificaciones, que la CLICAC, se divida en dos partes, en la cual una revise competencia y la otra que se especialice en la defensa del consumidor.
Dijo que Panamá es uno de los pocos países de Latinoamérica en la cual una sola entidad ve competencia y protección, práctica que ha sido criticada por expertos.
No creen que ni la CLICAC, ni el ERSP, deben estar conformados por una Junta Directiva que dirija un Ministro de Estado. Giovani Flecher, del Instituto de Derechos de Consumidores y Usuarios, propuso que tanto la CLICAC como el Ente Regulador de los Servicios Públicos deben estar compuesta por entidades tripartitas, claramente definida por un representante de los proveedores, consumidores y del Gobierno Nacional.
De ser así, se garantiza el carácter de justicia social y la eficiencia que ambas entidades deben tener.
