El Gobierno argentino admitió ayer que sigue sin poder romper el nudo gordiano de los desacuerdos fiscales, tarifarios y financieros que enredaron la negociación con el FMI, entidad con la cual está al borde de entrar en moratoria.
"Estamos virtualmente muy cerca de llegar a un acuerdo, pero hay tres puntos que están significando desencuentros", en el plano del superavit fiscal, las tarifas de los servicios públicos y la compensación a los bancos por la devaluación de 2002, dijo el jefe de Gabinete, Alberto Fernández, en declaraciones a radio América.
El presidente Néstor Kirchner se plantó en la postura de no ceder a la presión del Fondo Monetario Internacional (FMI) en favor de las empresas para establecer un programa de reajuste de las tarifas.
Kirchner no acepta, tampoco, derivar más fondos públicos a las entidades financieras e incrementar el superavit fiscal sólo para pagar la deuda pública, en un país donde la pobreza golpea a casi la mitad de los 36 millones de argentinos.
Pero el martes 9 de setiembre debe cancelar una cuota de capital por unos 3,000 millones de dólares con el FMI, so pena de extender a los organismos multilaterales el cese de pagos (default) que rige para el grueso de la deuda con acreedores privados.
El diario Clarín reveló ayer en exclusiva que Kirchner emprendió en las últimas horas una gestión personal para resolver el entuerto con el director del FMI, Horst Koehler, pero el gobierno se mantuvo en silencio informativo al respecto.
"En ningún momento estamos planteando no pagar, pero lo único que necesitamos es crecer. Eso no significa sólo aumentar el desarrollo del país sino también darle sustentabilidad social a la Argentina, donde uno de cada dos argentinos es pobre", dijo Fernández.
Kirchner y su ministro de Economía, Roberto Lavagna, no están pidiendo fondos frescos al FMI y se limitan a pedir una gracia de tres años sobre vencimientos con los organismos que se elevan a casi 15,000 millones de dólares.
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