Los severos compromisos de ajuste asumidos por Argentina para recibir un auxilio financiero del FMI por $8,000 millones, cuyos detalles se difundieron en las últimas horas, renovaron este los rechazos a nivel sindical y político y podrían generar una nueva ola de protestas.
La Carta de Intención con el Fondo Monetario Internacional (FMI) firmada la noche del viernes por el ministro de Economía argentino, Domingo Cavallo, y cuyo contenido fue entregado más tarde a la prensa, contempla como novedad una mayor flexibilización en las normas de empleo y no descarta bajar los aportes mensuales del Estado federal a las provincias, la mayoría de ellas en crítica situación financiera.
El eje de las metas comprometidas con el FMI es la Ley de Deficit Cero de severa contención de los gastos estatales que comenzó a instrumentarse con una poda del 13% en los salarios de los empleados públicos y jubilados, el detonante de extendidas protestas en todo el país en las últimas semanas.
El agitado clima de protestas se podría caldear aún más de confirmarse las versiones sobre la posibilidad de que el gobierno instrumente un recorte adicional de los ingresos a esos sectores.
El jefe de la corriente combativa de la mayoritoria Confederación General del Trabajo (CGT), Hugo Moyano, anunció que ese sector realizará una "reunión de urgencia" para adoptar "medidas muy fuertes" en contra de eventuales nuevas disminuciones salariales y ante la modificación de leyes laborales.
"Esto ya no da para más, el hambre, la muerte y el suicidio de trabajadores se ha instalado en nuestro país y tenemos que erradicarlo", subrayó Moyano a la prensa.
La corriente que lidera Moyano y el sector oficialista de la CGT se unieron el miércoles en un masivo acto contra el ajuste en la histórica Plaza de Mayo, frente a la Casa de Gobierno, como corolario de una serie de huelgas y protestas de estatales, docentes y desocupados.
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