Consumidores, comerciantes, pequeños empresarios y desocupados argentinos protagonizaron ayer una vez más un apagón en todo el país y una marcha en Buenos Aires para protestar por los aumentos de las tarifas de los servicios públicos que exigen las compañías y el Fondo Monetario Internacional (FMI).
La demanda fue acompañada por un ruidoso "cacerolazo" en contra también de las ejecuciones por créditos hipotecarios en mora, que fueron suspendidos hasta febrero, y la pobreza, que en los últimos días se cobró la vida de cuatro niños por hambre en la provincia de Tucumán.
En la capital argentina, los distintos sectores marcharon desde diferentes puntos y se concentraron en el centro porteño, donde unos mil manifestantes golpearon sus ollas en señal de protesta por la crisis social y económica.
El reclamo popular busca impedir un aumento en las tarifas de los servicios públicos que, según las compañías debe ser de entre el 30 y el 40%.
Este pedido de las empresas, en su mayoría de capitales extranjeros, es respaldado por el FMI, que incluyó los incrementos como una de las condiciones para firmar un acuerdo que permita a Argentina diferir vencimientos de deuda por 18,000 millones de dólares, entre este año y el próximo.
222Las compañías dicen que no aseguran la calidad de los servicios con las tarifas vigentes.
La postura del Gobierno argentino en esa negociación es que las modificaciones a las tarifas deben lograrse mediante audiencias públicas entre empresas, usuarios y autoridades y que, en ningún caso, los aumentos deben ser superiores al 10%.
Por su parte las compañías sostienen que no pueden asegurar la calidad de los servicios con las tarifas vigentes, congeladas desde la devaluación del peso argentino, a principios de este año.
La protesta fue convocada por la Federación de Cámaras Empresarias (Fedecámaras), que agrupa a pequeños empresarios y comerciantes, y contó con la adhesión del Movimiento Independiente de Jubilados y Desocupados (MIJD).
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