El administrador de la Autoridad de la Región Interoceánica (ARI), Alfredo Arias ordenó ayer el desalojo de los dos restaurantes de la Calzada de Amador, los cuales se encontraban operando ilegalmente en el lugar.
Según Arias tanto el restaurantes Mundo Acuático y el Yatch Club de Balboa no tienen el permiso o contrato formal de operación con la ARI, tampoco tienen el permiso del Ministerio de Salud, ni están asumiendo los costos de electricidad y agua potable.
"Son invasores de cuello blanco en el área revertida y eso no lo podemos tolerar", expresó el administrador de la ARI.Por otro lado, el servicio de los restaurantes era fuente de quejas de los usuarios por demoras en la atención y acumulación de desperdicios.
Reveló Arias que existe otro caso de un señor que ha montado un kiosco al final de la Calzada de Amador, que se dedica a vender combustible, y ofrece paseos acuáticos por la bahía de Panamá.
Indicó que a todo estos establecimientos ilegales le ha puesto un plazo de desalojo de cinco días, porque no puede permitir que estas personas gocen sin costo alguno las inversiones que ha hecho el gobierno sobre la Calzada de Amador, por un costo de 25 millones de dólares.
Comentó que a los dueños del Club de Yates y Pesca se les autorizó en años anteriores utilizar una piscina ubicada en Amador, pero este contrato ya venció, sin embargo ellos por su propia iniciativa montaron un restaurante.
Arias precisó que la morosidad total que mantienen los arrendatarios con la ARI ascienda a 600 mil balboas, por lo que ya han empezado a tomar medidas como los desalojos y las multas.
Sin embargo, comentó que han tenido problemas con el representante de Ancón, Joaquín Vázquez, y el corregidor, Enrique Rodríguez, quienes se han negado a ejecutar los desalojos.
Actualmente la ARI mantiene 182 ordenes de desalojos, que la corregiduría de Ancón se ha negado hacer cumplir, puntualizó el administrador de la ARI.
"Me da la impresión de que están defendiendo un miembro del Partido Revolucionario Democrático (PRD), que tiene una morosidad de 12 mil balboas, que corresponden a 9 años de alquiler", dijo Arias.
Indicó que los bienes del área revertida son para todos los panameños, no para privilegiados de algún partido.
Advirtió que si el corregidor se resiste a cooperar, la ARI irá a instancia superiores para resolver este problema.
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