Los ánimos siguen caldeados con respecto al proyecto de ley 71 sobre derechos posesorios y titulación en Islas y Costas, toda vez que los sectores involucrados lo consideran un acto de corrupción por parte de las autoridades.
En relación a este tema Roberto Brenes, presidente de la Fundación Libertad, explicó que el Estado no es el dueño de las tierras sobre lo que hay un derecho posesorio, ya que la Constitución define claramente cuáles son los terrenos que le pertenecen.
Brenes añadió que el Estado no debe vivir de los ciudadanos, sino de lo que éstos producen y consideró que el gobierno debe ser socio de los ingresos de la población, pero no de sus patrimonios.
Agregó que con este proyecto hay un tema de recaudación, ya que en la bonanza de las tierras el Estado quiere sacarle una “tajada importante”.
Reiteró que ésta no es la función del Estado, más bien debería ayudar a las personas a tener más libertades y no querer descapitalizar a los ciudadanos.
Brenes consideró que habrá más dinero para el Estado si este facilita la titulación, hacen las cosas baratas y transparentes, porque a largo plazo la cantidad de inversión que habrá sobre las islas y costas le multiplicará con creces los recaudos.
Euclides Díaz, secretario de la Asociación Nacional de Ganaderos (ANAGAN), señaló que, “debido a la corrupción” en Reforma Agraria y Catastro, que han dificultado todo el proceso para titular las tierras, el 65% de los productores tienen derechos posesorios.
Agregó que no puede ser que ahora tengan que optar por el título de las tierras, cuando tienen el derecho de posesión.
Díaz añadió que el sector se siente preocupado porque la tierra es la base de la producción.
Recordó que fue durante el gobierno del ex-presidente Guillermo Endara que se sentaron las bases para la titulación masiva, cuando sin necesidad de modificar el Código Agrario se fijó que el precio por hectárea sería de 6 dólares.
Añadió que para ese entonces no se estableció límites a la superficie a titular ni se le impuso condiciones a las personas.
Con un periodo de dos años era suficiente para demostrar la posesión y uso de las tierras, acotó.
