La repentina decisión de la junta directiva del Registro Público de realizar un aumento general en los precios de los diferentes servicios que presta la entidad, podría provocar que Panamá perdiera terreno a nivel internacional como un centro por excelencia para el registro de sociedades anónimas, situación deprimente que no es bien vista por los abogados panameños dedicados a clientes internacionales, ya que esto podría poner en peligro una actividad que genera cientos de miles de balboas al año para la economía nacional.
De acuerdo a Yolanda de Azcárraga, de la firma de abogados Mossack Fonseca & Co., que a su vez es miembro de la Asociación de Abogados Internacionales de Panamá, una vez se enteraron de las intenciones del Registro Público de aumentar los precios elevaron su protesta, especialmente porque Panamá es un centro "off shore" que tiene que competir con otros 60 países a nivel mundial que prestan los mismos servicios.
Explicó que los abogados internacionales se opusieron básicamente a cuatro puntos o tarifas que registraban un aumento significativo.
Entre éstos se encuentra un "derecho de agilización", por el cual una persona paga B/.250.00 y obtiene el derecho de que sus documentos sean atendidos de forma expedita, lo que no se justifica debido a que si brinda un servicio eficiente no se tendrá que cobrar esta suma por agilizar ningún documento.
Además, Azcárraga indicó que ahora se cobrará B/.50.00 por el derecho a calificación de las hipotecas navales, lo que antes era totalmente gratis.
Por su parte, los certificados de registro público pasaron de B/.15.00 a costar B/.30.00, lo que según la abogada es bastante oneroso, sobre todo para los usuarios locales, que son los que más utilizan estos certificados.
El otro punto, que según Azcárraga perjudicará a Panamá, es que ahora si los funcionarios del Registro Público revisan un documento y lo califican como defectuoso, el usuario deberá volver a pagar el valor total del trámite.
Explicó que a pesar de que a simple vista los distintos aumentos puedan que no parezcan tan significativos, el problema con la jurisdicción de Panamá es que a nivel internacional, sobre todo en Europa, se le tiene cierto temor.
Y si sobre esto, si en Panamá se cobra más caro por las distintas operaciones, los usuarios simplemente acudirán a otras jurisdicciones como Islas Vírgenes Estados Unidos o Bahamas, donde los procesos son más rápidos, eficientes y hasta gratis.
Para Azcárraga, el aumento hecho por el Registro Público no se debe a que las tarifas no se habían ajustado desde los años 20, sino que se producen porque a pesar de que el Registro Público es una entidad autónoma, el dinero que recauda entra al Gobierno central y este a su vez le otorga una partida de unos 2 millones de balboas.
De esta cifra la entidad debe cancelar sus gastos de operación y utilizar el resto para las labores de modernización que se adelantan, lo cual lamentablemente no le alcanza.
Para la abogada, antes de adoptar cualquier aumento en las tarifas el Registro Público ha debido estar en la capacidad de brindar mejoras sustanciales.
Recalcó que la Asociación de Abogados Internacionales ha enviado notas a los miembros de la junta directiva del Registro Público, donde le solicitan que reconsideren este ajuste de precios, ya que puede poner en juego una actividad que genera cientos de miles de balboas al año a la economía nacional.
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