Las empresas eléctricas Unión Fenosa, Elektra y Etesa solicitan un incremento promedio de 2 centésimos por kilowatts (Kw/h).
Rafael De Gracia Navarro, director nacional de Electricidad de la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (ASEP), señaló que analizan la petición, para luego "aprobarla o corregirla".
En caso de que la ASEP apruebe las nueva tarifa eléctrica, los clientes que consumen 550 KW/h mensuales pagarán alrededor de 109 dólares con 94 centésimos, esto sin incluir los subsidios y la variación por combustible, la cual puede aumentar o disminuir mensualmente.
Cabe recordar que quienes consumen hasta 500 KW/h reciben actualmente un subsidio estatal por la suma de $27.9 millones que cubren el semestre de enero a junio próximo.
Este subsidio beneficia a 670 mil clientes, que representan al 90% de los usuarios.
Para Gaspar García de Paredes, presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada (CoNEP), "estos aumentos son negativos", toda vez que le restan competitividad al país, sobre todo en materia de exportación.
Sistema de integración eléctrica regional.
Se estima que durante la próxima década, solo en generación la región centroamericana necesitará inversiones por $700 millones anuales. Por ello se adelanta el proyecto del Sistema de Interconexión Eléctrica de los Países de América Central (SIEPAC), el cual contempla dos frentes de trabajos paralelos y simultáneos. El primero es la creación del mercado eléctrico regional que, mediante un programa de cooperación técnica, apoyará el diseño de normas regionales y la creación de dos instituciones (un regulador regional y un operador regional) responsables de vigilar la aplicación y la actualización de dichas normas armonizadas a nivel regional. El segundo es construir la Línea SIEPAC. El proyecto de infraestructura incluye la construcción de aproximadamente 1,830 kilómetros de líneas y las conexiones a subestaciones de transformación en cada país, desde Panamá hasta Guatemala, para integrar y reforzar las redes de transmisión eléctrica de Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá. El proyecto, en su componente de infraestructura, tiene un costo total de $320,6 millones. La reformulación del esquema de financiamiento del programa fue aprobado por el BID en noviembre del 2001.
