Acciones
- El gremio difundió en los medios de comunicación una carta pública dirigida al presidente de la Comisión de Economía y Finanzas de la Asamblea Nacional, Ricardo Valencia, en la que exponen su desacuerdo con el plazo de dos años para que comience a regir la ley.
- “Es a todas luces inconveniente, contraproducente y sin sentido práctico, al punto de que su permanencia iría en contra del objetivo expresado en la exposición de motivos de mejorar la imagen de la República de Panamá como país cooperador en la lucha contra el mal uso de los servicios financieros”, señalan.
- Los banqueros subrayaron que son pocos los países que no han pasado la revisión de la Ocde, y Panamá ya ha pedido tres prórrogas para adecuarse a las exigencias del organismo.
La Asociación Bancaria de Panamá se pronunció a favor de la aprobación del proyecto de ley 568, que adopta un régimen aplicable a las acciones emitidas al portador, documento que fue presentado la semana pasada por el Ministerio de Economía y Finanzas ante la Asamblea Nacional de Diputados.
Sin embargo, el gremio bancario advirtió que cuando se apruebe la ley, esta debe entrar en vigencia a más tardar en tres meses, de lo contario, Panamá podría ser incluida por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (Ocde), en una lista de países no cooperantes con las normas que evitan el blanqueo de capitales.
Raúl Guizado, primer vicepresidente de la Asociación Bancaria, en compañía de los directores Otto O. Wolfschoon Jr. y Rolando de León de Alba manifestaron ayer que el sector bancario panameño no se verá afectado con la nueva disposición.
El proyecto fue presentado la semana pasada por el Ejecutivo ante la Asamblea Nacional de Diputados y se espera que la próxima semana se le dé primer debate. La iniciativa busca que la nación se adecúe a los estándares internacionales y ubicarse como país cooperador en la lucha contra el mal uso de los servicios financieros.
Frank De Lima, ministro de Economía y Finanzas, dijo que el referido régimen permitirá preservar las acciones al portador mediante la custodia de sus certificados de manera privada por un custodio autorizado, con la finalidad de poder tener certeza de su propietario en casos concretos sin afectar su libre circulación de manera reservada. De esta forma, dijo, se logra un balance entre los requerimientos internacionales en materia de transparencia y las necesidades de aquellas personas que requieren el uso de este tipo de instrumentos .
Los banqueros cuestionaron que la propuesta remitida a la Asamblea prolongue por dos años la entrada en vigencia de la ley, lo que provocaría que en la próxima revisión a la que se someterá Panamá por parte de la Ocde -que se estima se realizará en el mes de junio- el país sea mal evaluado.
La inclusión en la lista discriminatoria de la Ocde sería gravemente perjudicial para el sistema bancario en particular y para el sistema financiero en general, ya que la transparencia es un elemento muy importante para hacer negocios y si este organismo considera que en Panamá no existe, entonces los bancos corresponsales se abstendrían de hacer transacciones con las empresas asentadas en este país, aseguraron.
También señalaron que la inversión directa extranjera podría mermar, por lo que aseguran que miembros de la ABP participarán de las discusiones.
