El ministro de Hacienda, Leonel Baruch llegó ayer al Congreso con un discurso de 12 páginas en la mano, entró al plenario y durante 45 minutos explicó a los diputados que el país está a punto de una crisis fiscal.
Se los dijo claro: "Nos acercamos al momento en que varios elementos de nuestras finanzas públicas serán inmanejables simultáneamente, y habrá de producirse un punto de no retorno. Entonces, la crisis se desencadenará hasta sus últimas consecuencias".
Según él, las asignaciones presupuestarias con mandato constitucional, el pago de salarios de los empleados públicos, la cancelación de intereses y el giro de recursos con destino específico, están asfixiando las finanzas.
Esto porque los ingresos del fisco no son suficientes para atender el acelerado crecimiento en dichos gastos. El Ministro acudió invitado por la fracción de diputados de la Unidad Social Cristiana en momentos en que estaba por discutirse una moción de censura contra él, propuesta por el Partido (PLN).
Los verdiblancos le reclaman a Baruch su negativa a girar a diversas entidades y programas fondos fijados mediante leyes. Sin embargo, por la alocución del Ministro, la propuesta no se entró a discutir.
Por su parte los socialcristianos negociaban ayer con Liberación el retiro de la sanción política en vista de un eventual compromiso del Gobierno de aplicar un plan de ajuste fiscal en acuerdo con el candidato socialdemócrata Rolando Araya.
PROPONE DEROGAR
En su mensaje, Baruch instó a los diputados a asumir una actitud "patriótica" y les pidió aprobar un proyecto de ley que enviará esta semana para derogar las normas contempladas en leyes que asignan montos o porcentajes de los ingresos del Gobierno a destinos específicos.
Advirtió que la Asamblea Legislativa se ha dedicado a tramitar iniciativas en donde se destinan recursos sin crear los ingresos para financiarlas. "Sencillamente el Estado costarricense no dispone de los recursos que le permitan pagar todas las obligaciones establecidas por ley", argumentó.
Según Baruch, los compromisos ordenados por la Constitución ascienden al 64,4 por ciento de los ingresos fiscales del presente año.
Se refiere a las transferencias a la educación, justicia, deuda política, pensiones y compromisos con la Caja de Seguro Social. En pocos años, dijo, ese porcentaje podría subir al 93 por ciento como consecuencia de la nueva medición del producto interno bruto y la distribución del 10 por ciento del Presupuesto de la República a las municipalidades. Esta reforma a la Carta Magna fue aprobada ayer, en tercer debate, de segunda legislatura.
Por su parte, la cancelación "ineludible" de los salarios públicos y de los intereses de la deuda interna representan una erogación del 27,1 por ciento. En cuando a las partidas con destino específico por ley, confirmó que el próximo año consumirán el 21,8 por ciento (unos 𧥶 mil millones). Como puede verse, esos tres rubros significan el 112 por ciento de los ingresos del Estado.
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