El presidente de Bolivia, Evo Morales, celebrará este martes con un mitin en La Paz el primer año de su "nacionalización" petrolera, que se quedó en una simple reforma tributaria, de acuerdo con sus críticos.
El decreto de 2006 ordenaba a las multinacionales firmar con la petrolera estatal YPFB nuevos contratos en 180 días, pero 364 días después aún les faltan trámites para entrar en vigor.
También está pendiente la "refundación" de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), que debía hacerse en 60 días, y que incluía el monopolizar la comercialización de hidrocarburos, tanto en el país como en el exterior.
El decreto nacionaliza "las acciones necesarias para que YPFB controle como mínimo el 50% más 1" de las empresas Chaco, Andina, Transredes, Petrobrás Refinación y Compañía Logística de Hidrocarburos, pero Morales no ha logrado concretarlo.
Fueron expropiadas las acciones que tenían en esas empresas los ciudadanos, administradas por un fondo de pensiones del banco español BBVA y otro del grupo suizo Zúrich, y así los únicos activos confiscados hasta ahora eran de bolivianos.
La multinacional brasileña Petrobrás, la hispano-argentina Repsol YPF, la británica BP y otras afectadas se resisten a vender las acciones necesarias para concretar ese párrafo y siguen controlando esas filiales.
Morales y el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, han tenido varias escaramuzas por los intentos de quitar a Petrobras dos refinerías que tiene en Bolivia.
El decreto se llama de "nacionalización" porque afirma que "el Estado recupera la propiedad, la posesión y el control total y absoluto de estos recursos".
Pero no es novedad, porque la Constitución de 1967 ya dice que "los hidrocarburos son bienes nacionales de dominio originario, directo, inalienables e imprescriptibles del Estado, razón por la que constituyen propiedad pública inviolable".
También los "nacionalizó" la Ley de Hidrocarburos de 2005, antes de que Morales fuera presidente, y fijó 180 días, que tampoco se cumplieron entonces, para suscribir nuevos contratos.
El incumplimiento del decreto ha sido denunciado incluso por el ex ministro de Hidrocarburos Andrés Soliz.
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