INFOGRAFIA
- 550 millones de dólares tiene la banca estatal invertida en deuda pública.
- 1,364 millones de dólares emitió el Estado en bonos del Tesoro en el año 2012.
Los inversionistas internacionales mantienen un fuerte apetito por la deuda pública panameña, pues estos papeles son considerados como uno de los instrumentos más seguros en la región, gracias a la estabilidad política y el dinámico crecimiento de la economía, que la posiciona entre las de mayor crecimiento a nivel global.
Al 31 de marzo del presente año, la deuda pública registró un saldo de 15,031 millones de dólares, la cual muestra un aumento de 10% en un año. De ese total, el 51% forma parte de las emisiones de bonos globales que el Estado tiene en circulación, mientras que el 19.3% ha sido colocado en el mercado local por medio de los instrumentos conocidos como bonos, notas y letras del Tesoro de la República.
Según esta clasificación, el 70% de la deuda pública está emitida en esos dos tipos de instrumentos, lo que traducido a dólares significa que 10 mil 597 millones están en manos de los inversionistas que compran este tipo de papeles.
Además, hay un grupo de otros cinco inversionistas que tienen en sus manos un 26.6% de la deuda pública o poco más de 4 mil millones de dólares. Ellos son el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) con $1,417 millones, y es este el más grande acreedor multilateral de Panamá; le sigue el BNP con $1.076 millones, el Citi con $552 millones, el BIRF con $497 millones y la CAF con $467 millones.
Bajo este esquema, resulta que el 91% de la deuda pública panameña está en manos de nueve tipos de acreedores, de los 22 que financian las necesidades de recursos que tiene el Estado.
Demanda excede la oferta
En su más reciente incursión en los mercados internacionales, el pasado 22 de abril, la República de Panamá colocó 750 millones de dólares en una emisión considera exitosa por la demanda que tuvo, al recibirse ofertas por más de 5.8 veces el monto indicativo inicial, en la cual inversionistas de Estados Unidos, Asia, Europa y Latinoamérica, que participaron en la subasta, hicieron ofertas por 4.5 mil millones de dólares.
Pero el éxito va más allá del monto demandado, pues el costo de financiamiento fue el menor obtenido en la historia del país, al ofrecer un cupón fijo de 4.3% anual, lo que significó menos de 140 puntos base sobre la referencia de la tesorería de Estados Unidos, por lo que analistas pronostican que se convertirá en una nueva referencia para la región.
Aunque esta emisión aumentará el monto de la deuda panameña, y sobre todo la deuda externa, que al 31 de marzo rondaba los 11,020 millones de dólares, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) asegura que con la nueva emisión se disminuyó en más de 90 puntos el costo de endeudamiento de la República si se compara con la tasa de interés de 5.224% que pagaron en la emisión realizada el año 2009.
“En comparación con el
Bono Global 2036 con cupón 6.70%, que era nuestra referencia a mayor plazo antes de la emisión de hoy (22 de abril), el costo de financiamiento se redujo en 240 puntos base”, indicó en ese momento el MEF.
El ministro de Economía y Finanzas, Frank De Lima, recordó que en 2009 Panamá hizo una emisión de mil millones de dólares, a diez años, y a una tasa de interés de 5.2%, que es la emisión más barata que había hecho Panamá. Tres años y medio después, Panamá va a los mercados internacionales otra vez y hace una emisión a 40 años, que nunca había hecho, a una tasa de 4.2%.
“Esto demuestra la confianza que los inversionistas tienen en nuestro país, habla muy bien de lo que Panamá ha hecho. Muy pocos países de Latinoamérica emiten a estos plazos”, comentó. Otro efecto que incidió positivamente sobre la deuda pública es la apreciación del dólar estadounidense frente a la canasta de monedas que la componen, especialmente el yen japonés, lo que influyó en lograr una disminución de 14.2 millones de dólares.
De Lima señaló que los recursos de esta reciente emisión en los mercados internacionales se usarán para financiar el déficit presupuestario, el cual no debe exceder el 2.9% del PIB.
