El primer ministro británico, Gordon Brown, admitió ayer, por primera vez, que habrá que efectuar recortes en la inversión pública para reducir el déficit del Estado, aunque aseguró que esos recortes no afectarán a los servicios básicos.
En una esperada intervención ante el Congreso anual de la Confederación sindical británica TUC, afirmó que habrá que “recortar gastos, ineficiencias, programas innecesarios y presupuestos de baja prioridad (cuya naturaleza no especificó)”, a medida que "se produce la recuperación económica".
Aseguró que, pese a la necesidad de reducir el gasto público para empezar a enjuagar la deuda, el Partido Laborista “no respaldará recortes en los servicios básicos vitales de los que la gente depende”.
Tras meses de evitar pronunciar la palabra “recortes”, el primer ministro, apremiado por algunos colegas de Gabinete, que temían que la falta de claridad afectara al voto de cara a las elecciones previstas para 2010, finalmente lo hizo ayer, aunque con matices.
Brown insistió en que el electorado tiene dos alternativas: “el Laborismo, que no pondrá en peligro la recuperación, protegerá y mejorará primero los servicios básicos y tomará las decisiones adecuadas para las familias de ingresos medios y bajos, y un Partido Conservador, que reduciría los servicios públicos cuando más se necesitan, recortando el gasto en todos los departamentos para subvencionar recortes fiscales para los ricos”.
El jefe del Gobierno insistió en que estaba haciendo lo correcto para asegurar que, a medida que se avanza hacia una recuperación, se pueda “invertir y crecer dentro de unas finanzas públicas sostenibles”.
A su parecer, el crecimiento económico, la venta de activos y las mejoras en eficiencia son la vía para conseguir el objetivo impuesto por el ministro de Economía, Alistair Darling, de reducir a la mitad el déficit estatal, estimado en 175.000 libras (197.000 euros ó 286.885 dólares), en cuatro años, tras el final de la recesión.
Entre las medidas propuestas por el Ejecutivo para ayudar a sanear las finanzas públicas, además del anunciado recorte en el gasto, destaca el aumento en un 0,5% de la cotización a la seguridad social a partir del 2011 y elevar al 50% el gravamen fiscal en la banda de ingresos más altos.
