Grupos empresariales y políticos han incrementado las presiones sobre el Gobierno del presidente George W. Bush para que intervenga y ordene la reapertura de los puertos de la costa occidental de EEUU, cerrados desde hace una semana.
La Asociación de Fabricantes de Automóviles, la Cámara de Comercio de EEUU, y políticos republicanos y demócratas advirtieron el viernes al presidente Bush que el conflicto entre las empresas portuarias y los estibadores ya ha tenido consecuencias graves para la economía del país.
“Queremos dejar muy claro a la Casa Blanca que pensamos que el impacto económico será muy severo si esto continúa”, señaló el viernes el portavoz de la Asociación Nacional de Manufactores, Darren McKinney.
Bush podría invocar la ley Taft-Hartley, que autoriza a la administración central a obtener una prohibición de 80 días contra una huelga amenazada o ya aprobada si se demuestra que podría “poner en peligro la salud o el bienestar de la nación”.
Pero si Bush decidiese aplicar la ley, que no se ha utilizado desde 1978, pondría en su contra al movimiento sindical de EEUU, que ya criticó con anterioridad a la Casa Blanca por interferir en los procesos de negociación entre sindicatos y empleadores.
Además, la ley nunca se ha utilizado para obligar a las empresas a que pongan fin a un bloqueo, como es el caso, sino para obligar a los trabajadores a que concluyan una huelga.
Antes de tomar esta medida, el Gobierno federal tendría que estudiar las implicaciones legales del caso, según los analistas.
Por otra parte, los trabajadores podrían decidir una vuelta a la huelga de celo (cumpliendo estrictamente con las normativas de seguridad), por lo que se correría el riesgo de volver al punto de partida.
Stephen Kinney, analista republicano y director de la firma de sondeos de Los Angeles Public Opinion Strategies, manifestó que la invocación de la ley “se correspondería con el carácter del presidente”, y mostraría su “capacidad de tomar decisiones”.
El presidente Bush ha tenido en su mandato una relación combativa con los sindicatos.
En marzo del 2001, Bush emitió una orden ejecutiva para evitar una huelga de mecánicos en Northwest Airlines, y poco después hizo otro tanto con las tripulaciones de Delta y American Airlines.
Pero una medida de ese tipo no sería necesaria si las negociaciones entre la patronal, la Asociación Marítima del Pacífico, y el sindicato dieran resultados positivos.
El viernes se habían conseguido algunos progresos, y las dos partes consintieron en reanudar las operaciones de carga con destino a Alaska, un estado que depende en gran medida de las importaciones para conseguir muchos bienes esenciales. Los gobernadores de los estados de California, Oregón y Washington enviaron misivas a las dos partes en las que recordaron la urgencia de poner fin a la disputa en un momento en el que la economía es frágil y la nación está experimentando mayores niveles de desempleo.
Contenido patrocinado
Últimas noticias
