La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) destacó ayer que las políticas contra la contaminación del agua por los usos agrícolas no ha dado resultados satisfactorios en los últimos diez años en sus países miembros, y para cambiar la situación propuso aplicar el principio de que el que contamina paga.
Con ese principio se trata de que los agricultores integren los costes medioambientales de su actividad, señaló en un informe dedicado a la calidad del agua y la agricultura de la (OCDE).
Reconoció que ese principio no está muy extendido en la agricultura, sobre todo porque las “contaminaciones difusas” no pueden ser evaluadas a un costo razonable actualmente.
La organización se pronunció a favor de suprimir las ayudas agrícolas vinculadas a la producción o a productos fitosanitarios para atenuar así la presión ejercida sobre los sistemas acuáticos.
Igualmente abogó por establecer objetivos cifrados para establecer una vía para la mejora de la situación de la calidad, pero que deben ser realistas. Otra de sus propuestas es crear sistemas de información para asesorar a los agricultores, pero también a los responsables de la gestión del agua y de las administraciones.
Los autores del informe constataron que el impacto de la agricultura sobre la calidad del agua se ha agravado en los últimos años y que son raros los casos de países en que se hayan producido mejoras notables.
Recordaron que la agricultura es la principal fuente de contaminación del agua y que las acciones para mitigarlo absorben millones de dólares pagados por el contribuyente.
