La Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP) rechaza rotundamente la decisión de la Unión Europea (UE) de incluir al país en la lista negra de paraísos fiscales; debido a que, desde julio de 2019 a la fecha no se ha hecho ninguna evaluación técnica por parte de este bloque de naciones a Panamá.

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La UE no ha tomado en cuenta todo el trabajo realizado en los últimos dos años por el sector privado y gubernamental y ha copiado el dictamen de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y el Grupo de Acción Financiera (GAFI) en junio de 2019, obviando los ochos meses de ejecución posterior.

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"Panamá viene dando pasos en la dirección correcta de manera consistente, por lo que, cuestionamos esta lista", indicó Jorge Juan de la Guardia, presidente de la Cámara de Comercio. "Desconocer, todas las acciones implementadas por el país demuestran la falta de una evaluación técnica".

En el pasado, Panamá ya le ha demostrado a la Unión Europea su ligereza al tomar estas decisiones, "países como Estados Unidos han apoyado nuestra postura al indicar que el proceso de la Comisión Europea no incluyó la necesaria revisión para llegar a tal conclusión en un tema tan serio como señalar que no se cumple con acciones en la lucha contra el lavado de activos y el financiamiento al terrorismo", puntualizó de la Guardia.

Hace dos años el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos adviritó que la Unión Europea produjo una lista que difiere de la lista del GAFI sin un apoyo razonable.

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El proceso de la Comisión Europea para desarrollar su lista contrasta marcadamente con la metodología exhaustiva del GAFI. Primero, el proceso no incluyó una revisión suficientemente profunda necesaria para realizar una evaluación relacionada con un problema tan grave y consecuente.

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En segundo lugar, el orgaanismo proporcionó a las jurisdicciones afectadas solo una base superficial para su determinación. Tercero, notificó a las jurisdicciones afectadas que serían incluidas en la lista solo días antes de su emisión.

Cuarto, la Comisión no brindó a las jurisdicciones afectadas ninguna oportunidad significativa para impugnar su inclusión o abordar los problemas identificados por la Comisión.

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