CAPAC respalda proyecto de reformas de Ley de Contrataciones Públicas
El anteproyecto de ley fue presentado ante la Junta Directiva de la CAPAC por Gaspar Tarté, responsable de la propuesta legislativa, en momentos que el tema se ha abierto a un debate nacional por parte de los sectores interesados.
Tarté indicó que la ley promueve la abierta participación de la micro, pequeña y mediana empresa en las compras del Estado.
La Cámara Panameña de la Construcción (CAPAC) respalda el anteproyecto legislativo que busca reformar la actual Ley de Contrataciones Públicas y espera que se adecúe a los intereses de las empresas constructoras tradicionalmente panameñas.
El anteproyecto de ley fue presentado ante la Junta Directiva de la CAPAC por Gaspar Tarté, responsable de la propuesta legislativa, en momentos que el tema se ha abierto a un debate nacional por parte de los sectores interesados.
La nueva propuesta fue calificada por el gremio de la construcción como un paso positivo para la inclusión de empresas panameñas interesadas en participar en las licitaciones gubernamentales.
La reforma a la Ley 22 del 2006 elimina la subjetividad y los requisitos de pliegos de cargos que excluyen a las empresas tradicionalmente panameñas. "Para lograr esto se necesita más transparencia, procesos más inclusivos y que los pagos de los contratos se den con más celeridad", dijo Héctor Ortega, presidente de la CAPAC.
Ortega señaló que se le recomendó al gobierno modificar varios aspectos de la referida ley y expresó satisfacción por los adelantos logrados en las conversaciones sobre el proyecto.
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Por su parte Tarté indicó que la ley promueve la abierta participación de la micro, pequeña y mediana empresa en las compras del Estado con el principal objetivo de activar la economía.
“Buscamos transparentar todas las acciones desde que se convoca el acto públicon y acortar los términos de los procesos de licitación”, afirmó Tarté.
Explicó que la ley establece un monto de $7 millones como tope para la contratación exclusiva de empresas panameñas en sectores como construcción y suministros de alimentos.
Sin embargo, Ortega planteó que se espera el monto pueda ampliarse hasta $10 millones.
Tarté aclaró que el proyecto de ley no es retroactivo. “Una vez aprobado, tiene seis meses para entrar en vigencia y luego otros seis meses para incluir las nuevas funcionalidades dentro de las atribuciones de la Dirección de Contrataciones Públicas”, señaló.
La nueva legislación busca disminuir la papelería de los actos públicos contribuir a la protección del medio ambiente y reducir los costos en combustible que significa el proceso de validar las exigencias del trámite de los contratos con el Estado.
Por otro lado, Ortega planteó que en lo referente a las Asociaciones Público Privadas, abordado en la discusión con Tarté y su equipo de trabajo, se trata de una herramienta de financiamiento para darle solución a obras de infraestructura gubernamental.
"Podemos construir edificios institucionales tomando en cuenta que el bien regresa al Estado ya que existen muchas entidades que hoy día tienen sus oficinas en edificios alquilados", precisó Ortega.
Sin embargo, señaló, que “el sistema debe ser blindado con el objetivo de que el inversionista sienta que se va a respetar la seguridad jurídica y que el Estado recibirá la obra para el beneficio del pueblo”.