El crecimiento económico venezolano de un 3,5 por ciento en el primer trimestre del año se "afianzaría" a lo largo de este año con la desaparición del clima de "conflictividad" que existe en el país, aseguró Domingo Maza, director del Banco Central de Venezuela (BCV).
Maza calificó de "necesario" que el Gobierno del presidente Chávez, alcance "un entendimiento con los empresarios y trabajadores" para restablecer la "estabilidad y confianza" en la economía local, cuyo Producto Interno Bruto (PIB) creció el año pasado un 3,2 por ciento.
"Las expectativas del sector privado tienen que ser más positivas" para mantener la senda de crecimiento, explicó el experto economista en una entrevista que publicó hoy, domingo, el diario "El Universal" de Caracas.
Opinó que el Gobierno debe "declarar objetivos claros y viables de política económica, exponer sus proyectos y abrirse al diálogo con los distintos sectores del país, alcanzar acuerdos y así generar confianza" en los inversores.
Representantes de sectores económicos, políticos y laborales venezolanos han acusado al Gobierno de Chávez de estar cerrado al diálogo y de no escuchar sus sugerencias para sacar al país de la crisis generalizada que sufre desde hace dos décadas.
Maza agregó que, de mantenerse la tendencia positiva, no habrá que "ajustar" la meta de crecimiento para este año, calculada en un 4,5 por ciento por el BCV, pero que economistas independientes han dicho que puede ser menor, dada una inevitable caída de los precios petroleros, negocio que sostiene los ingresos de este país suramericano.
Analistas locales coinciden en que el lenguaje de "confrontación" que supuestamente mantiene Chávez con todos los sectores impide que los agentes económicos vean al país como un destino fiable, pese a los resultados positivos de los índices económicos, la reducción de la inflación y el alto nivel de reservas internacionales.
Argumentan que Chávez contribuye a incrementar la "incertidumbre" sobre la economía con sus amenazas de decretar un "estado de excepción", que incluye la suspensión de garantías constitucionales, o de propiciar, también por decreto, la bajada de los tipos de interés, que en la actualidad promedian un 32 por ciento.
