Argentina vendió decenas de automóviles oficiales para mostrar su voluntad de reducir el gigantesco aparato estatal, pero los choferes de los vehículos continúan percibiendo sus sueldos. ¿Conductores sin coches?
Durante décadas, la corrupción, el clientelismo y la ineficiencia contribuyeron a poner al Estado al borde del colapso y ahora Argentina enfrenta una de las peores crisis económicas y sociales de su historia.
Mendigando por ayuda internacional, este caótico y empobrecido país de 36 millones de habitantes se sigue resistiendo a echar a los empleados ineficientes y a reducir la burocracia estatal.
Los viejos hábitos tardan en desaparecer. Ninguno de los presidentes ni de los sucesivos ministros de Economía que gobernaron al país en los últimos meses tuvieron la valentía de “aplicar el bisturí” y reducir el número de empleados estatales.
Los políticos argentinos están atrapados en una encrucijada: por un lado intentan ganarse la confianza del Fondo Monetario Internacional pero por el otro son conscientes de que un despido masivo de trabajadores sería un suicidio en un país donde la presión popular derrocó en diciembre al último gobierno electo.
“Claro que no han sido despedidos... ¿Por qué habría que despedirlos?”, preguntó un funcionario del Congreso consultado sobre el tema.
Recorrer cualquier oficina pública significa toparse con numerosos “asesores” de políticos y funcionarios conversando en los pasillos, mientras camareros con moños en sus cuellos van de una sala a otra sirviendo café.
Los argentinos acuñaron la palabra “ñoquis” para describir a la legión de trabajadores estatales que trabajan poco pero que los días 29 de cada mes cobran su sueldo, ya que en el país la tradicional pasta italiana suele comerse ese día.
El Estado es el mayor empleador en la mayoría de las provincias, en una economía en la cual casi una de dos personas vive con unos pocos dólares por día, mientras que el desempleo llega al 25 por ciento.
Sin embargo, el FMI, la única esperanza de Argentina para obtener un paquete de ayuda, dejó en claro que las provincias deben reducir su déficit fiscal en al menos 60 por ciento si el país pretende recibir la asistencia financiera.
“Hoy Argentina no resiste un shock fiscal de este tipo que estáá planteando el Fondo”, dijo Anahí de Tappata, economista de la Fundación Mediterránea.
“Estas reformas se hacen lenta y persistentemente en el tiempo. Hay en cualquier economía regional personas ñoquis que no trabajan, pero también es una familia que vive de ese sueldo”, agregó.
Las protestas diarias protagonizadas por trabajadores estatales que reclaman el pago de sueldos atrasados, las repetidas marchas de desocupados y de ahorristas que demandan la devolución de sus ahorros, desalentaron a los políticos a realizar el ajuste en el gasto, conscientes de que la paciencia de la gente ha llegado a su fin.
El presidente Eduardo Duhalde, el quinto Jefe de Estado desde mediados de diciembre, tiene que lidiar con cuatro años de recesión, con la devaluación de la moneda local, con el aumento de precios, con el sistema financiero al borde del colapso, con la creciente pobreza y con protestas continuas.
Cuando ocupaba la gobernación de la rica provincia de Buenos Aires, entre 1991 y 1999, Duhalde dijo a Reuters que si tuviera que elegir, preferiría emplear a 1.000 trabajadores en el sector público antes de reemplazarlos por una máquina.
Las historias de empleados provinciales con varios cargos y altos salarios y los sobornos pagados a funcionarios por empresarios a cambios de favores son moneda corriente en la tercera economía de Latinoamérica.
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