La decisión del presidente Vicente Fox de incorporar a empresarios al Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos (Pemex), provocó reacciones encontradas entre la comunidad política del país.
Hubo desde quienes consideraron que tal determinación significa dar transparencia a la operación de la empresa más importante del país, hasta quienes observaron que manejar una empresa pública con criterio empresarial es una clara tendencia privatizadora y una acción ilegal.
Es "contra la ley", aseguró la presidenta del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Dulce María Sauri Riancho.
La dirigente sostuvo que con la presencia de Carlos Slim, Alfonso Romo, Rogelio Rebolledo y Lorenzo Zambrano en el Consejo de Pemex, a la paraestatal ya se le hizo entrar en la "ola privatizadora".
Anunció que el Revolucionario Institucional y sus bancadas en el Senado de la República y la Cámara de Diputados definirán qué acciones jurídicas tomarán al respecto.
Dijo que el gobierno panista se está olvidando de que Pemex es una empresa pública, debido a que ahora se le manejará con criterio empresarial privado. La dirigente tricolor dijo tener "mucha tristeza" por la nueva medida foxista.
Esa decisión, añadió, implica un menosprecio por la empresa pública, al sugerirse que ésta necesariamente es ineficiente.
Por su parte, el secretario general priista, Sergio García Ramírez, expresó que "la privatización de Pemex ha comenzado".
Observó que "hay muchas maneras de privatizar", y que una de ellas es el establecimiento de los criterios de administración.
En el PRI, afirmó el doctor en derecho, hay "una enorme preocupación" por esta medida que "no tiene sustento legal".
Indicó que cuanto antes la dirección tricolor intercambiará puntos de vista con las coordinaciones de sus fracciones en el Senado y en la Cámara de Diputados, con el fin de determinar qué medidas jurídicas tomarán.
LA CONTROVERSIA
Otros miembros de ese instituto político y del Partido de la Revolución Democrática (PRD) también se refirieron a este tema, al considerar que significa el pago del jefe del Ejecutivo por los favores políticos y el financiamiento de su campaña por parte de aquéllos.
Incluso, advirtieron que los nombramientos de Carlos Slim, Lorenzo Zambrano, Alfonso Romo y Rogelio Rebolledo son el inicio de una "privatización disfrazada" de la paraestatal.
En cambio, el coordinador panista en el Senado, Diego Fernández de Cevallos, calificó de acertada la designación y afirmó que lo hecho por el primer mandatario _a quien felicitó por esa medida_ es para transparentar una situación de ese tipo, pues en el pasado empresarios participaban en los consejos de administración de las empresas públicas.
Antes, apuntó, la sociedad desconocía esa participación de los empresarios, aunque se hacía no sólo en Pemex, sino también en la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y en toda la vida económica del país.
Frente a esta nueva controversia, el priista Eduardo Andrade se pronunció porque sea el Congreso, y no el presidente de la República, quien detente la facultad de nombrar a los integrantes del Consejo de Administración de Pemex y la CFE.
"La clase empresarial, por muy respetable y exitosa que sea, no debe ser representante de Petróleos Mexicanos", subrayó el legislador al señalar que el Ejecutivo ha interpretado erróneamente la ley, porque los designados deben tener un vínculo orgánico con el Estado, lo cual no lo tienen aquéllos, independientemente de su respetabilidad, su éxito y capacidad.
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