Luego de 10 días del anuncio del ajuste en la tarifa eléctrica, Roberto Meana, administrador de la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (Asep); Víctor Urrutia, secretario nacional de Energía, y Gilberto Ferrari, gerente general de la Empresa de Transmisión Eléctrica (Etesa), comparecieron ante el pleno legislativo para esclarecer los motivos por los cuales se tomó la decisión de aumentar la tarifa eléctrica.
Esto se dio luego de que el pasado 9 de julio, diputados de varias bancadas aprobaran la citación a los funcionarios, quienes respondieron un cuestionario de ocho preguntas.
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En la comparecencia, los diputados preguntaron, entre otros temas, por qué el pasado 5 de julio, la Asep informó que a partir del segundo semestre de 2018, unos 274 mil 554 clientes de Edemet y Ensa percibirían una nueva alza en su facturación de un centavo y medio por kWh.
El administrador de la Asep respondió que las tarifas anunciadas resultan del proceso de aplicación de la Ley N.°6 de 3 de febrero de 1997, específicamente de los artículos 91 al 97 y del 106 al 109.
Explicó que el coste eléctrico se rige con fórmulas tarifarias que tienen vigencia de cuatro años.
Sobre si existe algún plan para impedir que el aumento de la tarifa eléctrica sea trasladado a los consumidores, el funcionario destacó que es difícil predecir el impacto de un alza del precio de la electricidad en los costos de producción, sin embargo, señaló que tomando en cuenta las cifras económicas del 2017, la facturación eléctrica corresponde a un 2.3% del producto interno bruto del país.
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A su juicio, un incremento del 8.4% en la tarifa eléctrica tendría un impacto global en la economía de dos décimas del 1%. "Evidentemente en las diferentes actividades económicas hay una participación variable del costo de la electricidad", expresó Meana.
Sobre la energía que no fue consumida el pasado 8 de julio, cuando la población realizó una protesta pacífica con un apagón de una hora reloj de 8:00 p.m. a 9:00 p.m., Meana respondió que la energía se produce única y exclusivamente cuando es requerida en el sistema eléctrico.
"Siempre existe un balance entre la generación y la demanda, es decir, solo se genera lo necesario para abastecer la demanda y las reducciones de demanda no crean la disponibilidad de que se puedan poner a disposición de otros países", mencionó.
Tras casi tres horas de comparecencia y luego de declarase en sesión permanente, el pleno continuará hoy martes con la citación a fin de darle la oportunidad a los diputados y a la opinión ciudadana de ahondar respecto al tema que genera un sabor amargo a los consumidores de luz.
$67.8 millones se pagó a generadoras de electricidad en el 2017 en concepto de generación obligada.
