Investigación
- 1998 se inició la investigación realizada por la Contraloría General de la República.
- 2000 Final de la investigación del caso
Condenas
- El Tribunal Superior estableció varios tipos de responsabilidades para los funcionarios, tramitadores y empresas involucradas.
Dictó medidas cautelares sobre los bienes y dineros de los involucrados por un monto aproximado de 674 mil 96 dólares.
- Unas 16 empresas comerciales estuvieron involucradas y se beneficiaron de la utilización irregular de los créditos fiscales emitidos a favor de otras empresas.
- Existen empresas que no están de acuerdo con el fallo y han manifestado su disconformidad con que se les haya vinculado con los actos irregulares.
Montos
- $674 mil totalizan las medidas cautelares sobre los bienes y dineros de los involucrados.
- $300 mil deberá pagar una de las empresas, según fallo del Tribunal de Cuentas.
Unas 16 empresas y dos exfuncionarias de la Dirección General de Ingresos (DGI) fueron condenadas a pagar más de 674 mil dólares por el uso irregular de créditos fiscales, de acuerdo con una resolución emitida por el Tribunal de Cuentas en el mes de enero, al que tuvo acceso Panamá América .
Los créditos fiscales son emitidos por la Dirección General de Ingresos, hoy Autoridad Nacional de Ingresos, del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), en concepto de devolución de impuestos a los comercios o personas naturales, según indica la legislación.
La investigación por lesión patrimonial fue llevada a cabo por la Contraloría General de la República, entre el 1 de enero de 1998 y el 31 de mayo del año 2000, y luego de un proceso de cuentas, el Tribunal declaró a las exfuncionarias Laura Flores Hernández, responsable directa, y Maruja Annette Bushell Clarke de Hernández, responsable solidaria; quienes laboraban en la sección de Incentivos Tributarios de la DGI, en el periodo mencionado.
De acuerdo con la información revelada en la investigación, estas exfuncionarias de la DGI alteraban los documentos de créditos fiscales a favor de empresas contribuyentes que no tenían derecho a tal beneficio.
El documento señala, además, que un total de 16 empresas comerciales estuvieron involucradas, y se beneficiaban de la utilización irregular de los créditos fiscales emitidos a favor de otras empresas.
De esta cantidad de comercios, cuatro asumieron su responsabilidad, durante las diligencias del proceso, de resarcir al Estado la cuantía de las lesiones que se les atribuía. Mientras que otros doce fueron condenados al pago de la lesión patrimonial atribuida.
Responsabilidad
El Tribunal Superior estableció varios tipos de responsabilidades de los involucrados (funcionarios, tramitadores y empresas), condenados al pago de las lesiones.
Además dictó medidas cautelares sobre los bienes y dineros de los involucrados por un monto aproximado de 674 mil 96 dólares.
No obstante, existen empresas que no están de acuerdo con el fallo y han manifestado su disconformidad con que se les haya vinculado con los actos irregulares cometidos por funcionarios de la DGI, ya que señalan que de ninguna manera han violado la ley y desconocían lo que sucedía a lo interno de la entidad.
Una de las empresas condenadas por su participación en este delito, que afecta a la economía del Estado, es Larosh Motors Panamá S.A., que deberá pagar más de 300 mil dólares.
Aracelys Vargas, de la firma Vargas y Asociados, es la abogada de la empresa y señaló que ha presentado un recurso de reconsideración y espera que el Tribunal lo tome en cuenta.
La abogada sostiene que Larosh Motors Panamá S.A. no ha violado la ley e incluso actuó de buena fe sin saber lo que se estaba haciendo a lo interno de la entidad. “Nos parece que hubo muy poca valoración de las pruebas presentadas y además el monto establecido como condena es exagerado”, manifestó Vargas.
Por su parte, Carlos Eugenio Carrillo, abogado de la empresa Game Boy International, otra de las condenadas por este delito, manifestó que están en desacuerdo con este fallo, porque la empresa no guardaba relación con las irregularidades administrativas y está siendo afectada por actos de terceros.
“Están haciendo responsables a los usuarios del sistema por actos administrativos irregularidades dentro de la institución, lo que no es justo ni legal. Toda la tramitación de Game Boy era adecuada. El cuestionamiento sobre esos créditos va dirigido a las personas que se los endosaron a la empresa, quienes no guardan relación con la compañía, sostuvo Carrillo.
Además, indicó que interpondrán los recursos correspondientes, sin dar mayores detalles.
Por otro lado, el presidente de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresas (Apede), Roberto Trocoso, dijo que es importante la consideración de las pruebas que presentan las empresas para demostrar que no están vinculadas con esta violación a la ley.
“Ya se han dado casos parecidos, en los que funcionarios de entidades se las han arreglado para entregar recibos legales, aunque el dinero no se registra en las arcas de la entidad. Es difícil que las empresas puedan darse cuenta de las irregularidades que se estén dando en lo interno de las instituciones”, afirmó.
