El conflicto en Aerolíneas Argentinas (capitales españoles) se mantenía ayer, en una suerte de callejón sin salida, en medio de reuniones políticas y gremiales para destrabarlo, mientras el presidente Fernando de la Rúa insistió en que el Estado no tiene dinero para retomar la empresa, privatizada en 1990.
En declaraciones a la prensa en la Casa de Gobierno, De la Rúa afirmó que "todos debemos hacer un esfuerzo para preservar nuestra aerolínea de bandera, que fue mal privatizada y mal administrada".
El presidente lamentó que "por la actitud de una sola persona, o de un solo sector, no se resuelve" la crisis, en alusión al gremio de los técnicos de Aerolíneas (APTA).
Afirmó que la solución al conflicto involucra a "la SEPI española (Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, dueña del 92% de las acciones), al gobierno argentino, a los trabajadores, a los empresarios".
"Lo que deseo es que la empresa continúe, que el problema se resuelva y que la gente conserve su trabajo", expresó el Presidente.
Los siete gremios que aglutinan a los 7.000 empleados organizaban manifestaciones en distintos puntos del país, en reclamo del pago de salarios de abril y para exigir que la línea de bandera no se declare en quiebra.
Los empleados continuaban ocupando instalaciones de la empresa y proseguían asimismo dos piquetes en los aeropuertos Metropolitano (cabotaje) y de Ezeiza (internacional).
En la ciudad de Posadas (provincia de Misiones, noreste), trabajadores y legisladores provinciales llevaron a cabo un "abrazo simbólico" con una gran bandera argentina a un avión de Aerolíneas estacionado en la pista del aeropuerto local.
La ministra de Trabajo, Patricia Bullrich, había exhortado el miércoles a los gremios a firmar un acuerdo de salvamento, tras sostener que "el futuro (de la firma) se cuenta en horas, porque se va a dejar de pagar combustible si no hay dinero".
En Madrid, una delegación parlamentaria argentina tenía previsto reunirse con el titular de la SEPI, Pedro Ferreras, quien la víspera aseguró que está abierto un "período de reflexión" para hallar una solución al conflicto ,"que nos sorprenda e ilusione a todos".
En Buenos Aires, el titular del gremio de técnicos agrupados en APTA (mecánicos), Ricardo Cirielli, ratificó su rechazo a firmar el Plan Director de la SEPI, condición exigida por el holding español para aportar capitales que permitan salvar a Aerolíneas, aunque dejó abierta la posibilidad de modificar su actitud si lo solicita la mayoría de sus compañeros.
Cirielli reconoció que si firmara la propuesta para capitalizar la empresa y salvarla de la quiebra "lograríamos salir de esta coyuntura", pero pronosticó que luego "entraríamos en otro conflicto, el de las rebajas salariales".
Asimismo, la ministra Bullrich expresó su esperanza de que hoy, en la nueva reunión que mantendrán los siete gremios, se "pueda encontrar algún mecanismo entre todos para que pueda destrabarse lo antes posible" la crisis.
No obstante, su ministerio solicitó este jueves a la Cámara del Trabajo que le quite la personería jurídica a la APTA, por negarse a firmar el Plan Director.
Por su lado, cinco diputados de la Alianza de gobierno UCR-FREPASO lanzaron un llamamiento público a los pasajeros de líneas aéreas para que, en solidaridad con los trabajadores de Aerolíneas Argentinas, no viajen por la española Iberia, a la que consideran "principal beneficiaria del vaciamiento de nuestra aerolínea de bandera".
El diario Clarín informó que el embajador español Manuel Alabart Fernández recibirá este jueves a representantes de empresas ibéricas instaladas en el país (Repsol-YPF, Telefónica, Gas Natural y bancos), que están "preocupados por una eventual quiebra de Aerolíneas, así como por la existencia de correos electrónicos que recomiendan no adquirir sus productos o servicios".
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