La contratista encargada de la construcción de una hidroeléctrica en el oeste Panamá pidió hoy respeto a la integridad de sus trabajadores e instalaciones, después de que indígenas que rechazan el proyecto bloquearon accesos al mismo.
La empresa Generadora del Istmo (Genisa), de origen hondureño, solicitó esto ante lo que considera una "invasión y bloqueo ilegal de la propiedad privada del Proyecto Hidroeléctrico Barro Blanco (PHBB)", dijo la empresa este lunes en un comunicado.
El Gobierno panameño suspendió en febrero pasado temporalmente el proyecto alegando faltas medioambientales, pero en el lugar permanece algunos trabajadores para actuar en caso de contingencia, según ha explicado la empresa.
Un grupo de indígenas de la comarca Ngbe Buglé, que habita en los linderos del área de inundación de la obra, bloqueó esta mañana el acceso al lugar donde se levanta Barro Blanco, en el distrito de Tolé, unos 350 kilómetros al oeste de la capital.
El Gobierno del presidente de Panamá, Juan Carlos Varela, instaló meses atrás una mesa de diálogo en la que ha intentado acordar con los indígenas una vía que permita la finalización y entrada en operaciones de la hidroeléctrica.
Los grupos nativos se niegan a la construcción del proyecto, y el pasado 18 de mayo se levantaron de la mesa de discusión.
Pero este lunes el Gobierno de Varela afirmó que la continuidad de Barro Blanco es de "interés nacional".
Genisa recordó este lunes en su comunicado que el proyecto tiene cinco meses paralizado, y que "los inversionistas de la empresa solicitan a las autoridades resolver la providencia que mantiene la suspensión en las instancias correspondientes".
"En un Estado de Derecho como en el que imperan las garantías fundamentales debe respetarse los derechos de trabajo, propiedad privada y libre empresa, los cuales descansan sobre la seguridad jurídica", sostuvo la empresa.
Los indígenas alegan que el proyecto hidroeléctrico nació marcado por la corrupción porque se ignoraron los procedimientos legales y las advertencias de sobre su impacto ambiental, como afirmó la semana pasada uno de sus líderes, Ricardo Miranda.
El sector privado panameño ha señalado que la suspensión de las obras de Barro Blanco ha enviado una "mala señal" a la inversión extranjera y ha pedido al Gobierno garantizar la seguridad jurídica del país.
La hidroeléctrica comenzó a construirse en 2011 y proyecta generar 28,56 megavatios, cerca del 2 % de la capacidad instalada del país.
