La Comisión de Comercio de la Asamblea Legislativa elevará una consulta a la Procuradora de la Administración y a la Corte Suprema de Justicia para que emitan su opinión en la polémica que ha surgido entre los obreros del antiguo IRHE y el Ministerio de Economía y Finanzas sobre la compra de las acciones de esta empresa estatal y amenazó con reformar la Ley 6 de 1997 si no se respetan los derechos de los trabajadores.
La noticia la dio ayer la presidenta de la Comisión, Balbina Herrera, luego de un tenaz interrogatorio realizado al ministro de Economía y Finanzas, Fernando Aramburú Porras, quien fue citado por los legisladores para que explicara por qué el Gobierno se niega a venderle acciones a cientos de obreros que no adquirieron los títulos con sus respectivas liquidaciones.
Durante la comparecencia del ministro, que duró más de dos horas, surgió una fuerte polémica con los parlamentarios que componen la Comisión de Comercio, dado que ambas partes interpretaban a su modo la Ley 6 de 1997, que reglamentó la privatización del IRHE.
En todo momento, Aramburú Porras señaló estar a favor de los obreros, pero defendió enérgicamente su posición de no venderle acciones a los trabajadores que no las adquirieron cuando se les pagó su liquidación, debido a que ellos renunciaron por escrito a este derecho, situación que según él, ha creado el conflicto legal que se desarrolla actualmente.
El ministro explicó que la ley preveía que los empleados compraran las acciones con el fruto de su liquidación, "pero en ese momento decidieron no hacer uso de este privilegio".
"Nosotros como funcionarios no podemos actuar más allá de la Ley, pero si la Procuradora o la Corte Suprema nos dice que, a pesar de que renunciaron por escrito, ese grupo de trabajadores puede todavía comprar acciones, acataremos esa decisión", recalcó Aramburú Porras.
Sin embargo, también precisó que es difícil que después de una negociación que duró más de 18 horas, donde los trabajadores exigieron que se les pagara en efectivo y renunciaron a comprar acciones, no es justo que "ahora graciosamente nosotros les demos el derecho de comprar con descuento las acciones que pertenecen a todos los panameños".
Aramburú Porras también afirmó que en su momento los obreros pensaron que las acciones no tenían valor, "pero ahora como están asesorados y porque quizás existan otros grupos que quieran comprar las acciones a través de ellos, ejercen este tipo de presión".
"Yo tengo que tener mucho cuidado como ministro de Economía y Finanzas de defender el derecho del Estado y por congraciarme con un grupo de trabajadores no puedo darles un privilegio al cual ellos renunciaron y en nuestra opinión la Ley no les da ese derecho", destacó Aramburú Porras.
Por su parte, la legisladora Balbina Herrera tiene una opinión totalmente diferente a la de Aramburú Porras, señalando que la Comisión de Comercio se declarará en sesión permanente ante esta polémica y aseguró que la renuncia que firmaron los trabajadores es ilegal, ya que en ninguna parte la Ley indica que el empleado podía renunciar a la compra de las acciones.
Enfatizó que todavía los trabajadores tienen tiempo para ejercer su derecho a la compra, debido a que el plazo para hacerlo vence el 31 de octubre.
Explicó asimismo que los obreros no recibieron información suficiente sobre el tema ni encontraron ninguna iniciativa del Gobierno que pretendiera financiarle la compra de las acciones.
Este último punto, dijo, es fundamental, porque nadie que sepa que puede perder su trabajo, se arriesga a gastar la mitad de su liquidación en la compra de acciones, dado que finalmente éstas son nada más que papeles.
Recalcó que no es justo que a los empresarios que compraron el IRHE se les diera una prórroga de un año para que arreglaran todos sus documentos, mientras que a los obreros, que ahora cuentan con asesoría y financiamiento, "se les quiera tratar con todo el rigor de la Ley".
Destacó la punzante legisladora que la Comisión de Comercio defenderá el derecho de los trabajadores y si es necesario reformará la Ley 6 para hacer justicia, así sea en esta asamblea o en la que se instale en el próximo gobierno.
Sobre los comentarios del ministro Aramburú Porras, Jorge Alegría, presidente de la comisión SITIRHE-COOTIRHE declaró que se siente complacido por la respuesta positiva que han recibido de la Comisión de Comercio y tienen fe que con la ayuda de los legisladores, a más de 4,000 empleados se les hará justicia.
Destacó que era falso que estuvieran asociados con alguna empresa para venderle las acciones, y las únicas terceras personas interesadas son los propios trabajadores, que están reclamando un legítimo derecho.
