En Panamá se busca crear un régimen legal de incentivos fiscales, laborales y migratorios para las entidades de financiamiento marítimo y empresas que realicen proyectos marítimos financiables, con miras a aprovechar las oportunidades que ofrece la ampliación del Canal de Panamá.
En la Asamblea, ante la Comisión de Economía y Finanzas, se encuentra el proyecto de ley 308 que busca brindar dichos incentivos.
En la exposición de motivo se señala que Panamá cuenta con un eficiente y confiable centro bancario en materia comercial en general, sin embargo, en referencia al financiamiento marítimo e hipotecas navales inscritas en el país es a favor de bancos sin sede en el país y a clientes que tampoco operan en Panamá, y mantienen sus actividades en Europa, Asia y Estados Unidos.
De acuerdo con Tomás Ávila, secretario general de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP), "la idea es que los que tienen conocimiento en el tema, que son la banca extranjera, se establezcan en el país y así poder generar que los bancos locales se interesen en el negocio".
Señaló que generalmente los préstamos para la construcción de buques son muy altos, y los bancos se ponen de acuerdo y hacen lo que se llama "sindicato de préstamos", es decir, que entre varios bancos otorgan un préstamo a una empresa y esa posibilidad podría hacer que un banco local participe en un financiamiento.
Según cifras de la Dirección General de Registros Público de Propiedad de Naves de la Autoridad Marítima de Panamá, para el periodo comprendido entre julio 2014 y julio 2015 constaban inscritos créditos hipotecarios que garantizan obligaciones por encima de $101 mil millones, sin embargo, dicho financiamiento no es realizado por bancos nacionales.
El financiamiento marítimo que actualmente realizan los bancos panameños ha sido dirigido principalmente a barcos de menor calado, como lo son camaroneros, atuneros y cargueros de un tonelaje bajo.
Rolando de León de Alba, gerente general del Banco Nacional, indicó que la banca tiene los recursos y sería necesario que las autoridades gubernamentales les dieran la oportunidad a los bancos locales para poder entrar en los financiamientos.
Entre los incentivos fiscales figuran exoneraciones del impuesto sobre la renta en los primeros años, se establece un 3% el pago de impuesto de importación y demás tasa sobre la introducción al país de maquinarias y otros necesarios para la construcción de naves o el uso exclusivo de los astilleros. También se brinda un régimen migratorio especial.
Julio De La Lastra, presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep), destacó que Panamá lidera la bandera de registro con más de 8,000 naves y siempre hay requerimiento de financiamiento.
Romel Troetsch, expresidente de la Cámara Marítima de Panamá, indicó que si los bancos en Panamá inician a financiar la compra de barcos, logrará atraer a las grandes compañías de armadores.
"Este es un paso importante en el camino de convertir a Panamá en un centro de negocios marítimos de clase mundial, como Londres, Singapur y Hong Kong", dijo.
El proyecto también busca la creación de astilleros de construcción de naves.
De la Lastra considera que este es uno de los negocios que se pueden potenciar en el país.
Para Luciano Fernández, de la Cámara Marítima de Panamá, los panameños tienen que aprender a tener una visión estratégica del negocio.
Fernández indica que no podemos empezar construyendo embarcaciones mayores compitiendo con los grandes astilleros, pero sí podemos cubrir las necesidades de embarcaciones menores para la industria marítima auxiliar, entre otros servicios.
