Crecen despidos producto de las privatizaciones

La experiencia de privatización en Latinoamérica ha traido resultados desfavorables para el sector laboral que se desenvuelve en las Telecomunicaciones; en Panamá está aún por verse.
A excepción de México, no hay ningún caso en donde se despida empleados producto de esta tendencia de modernización "de moda en la región", apuntó el representante interamericano de la Internacional de Comunicaciones, Rodolfo Benítez.
De acuerdo al delegado de esta organización que representa a 4.6 millones de trabajadores de telecomunicaciones, correos, radio y televisión en 120 países, la tendencia en la actualidad parece no cambiar de dirección.
A modo de estadística, dijo que a raíz de la privatización de la telefonía en Perú, de una planilla de 12 mil trabajadores, en un año se despidieron cerca de 6,000 el plan incluye 2,000 más.
En Venezuela se corrió igual suerte al dejar cesante a un promedio de 3,000, mientras que en Argentina apróximadamente 10,000 empleados; todos estos despidos aplicados mediante un proceso paulatino.
Benítez aclaró que estas cifras casi nunca salen a la luz pública porque se disfraza con la renuncia voluntaria plan de incentivo para que la persona renuncie a cambio del pago de prestaciones y un año y medio de salario.
Al no acogerse el individuo a este plan, el sindicalista señaló que se busca una causa práctica para despedirlo.
"Esto no aparece en las estadísticas de los ministerios de Trabajo como despido, sino como renuncia voluntaria", advirtió. En Panamá no se aplica como tal, sino la denominan "mutuo acuerdo", que a su parecer es la misma figura, pero con diferente nombre.
No obstante, Benítez sostiene que muy probablemente en México la situación cambie ahora, a raíz de la liberalización de las telecomunicaciones, que obligará a Telmex operadora de la telefonía a despedir para poder competir tal como lo anunciaran anticipadamente.
A modo de recomendaciones para frenar el despido masivo producto de las privatizaciones, la fuente dijo que "hay que fortalecer los sindicatos a través de las convenciones colectivas que negocien.
También mediante procedimientos de negociación que permitan a los empleados que queden cesantes, reinstalarlos en nuevos servicios que se crean en las comunicaciones modernas y si hay que disminuir planilla que sean personas que estén cerca de su etapa de jubilación.
Por lo anterior expuesto, el representante interamericano de la Internacional de Telecomunicaciones, subrayó que "es una experiencia muy difícil que se producirá también en el IRHE, correos, Cable & Wireless y otros".
Las declaraciones de Benítez se dan durante el anuncio de la "IV reunión del grupo de trabajo de sindicatos de trabajadores de Cable & Wireless en el Mundo, que se efectuará del 5 al 6 de marzo próximo.
Hace siete meses se privatizó la estatal de telecomunicaciones en Panamá (INTEL) y se estudia la de los correos y telégrafos dentro de este ramo.
Juan José Cedeño de la Asociación de empleados de los correos y telégrafos, es consciente de la deficiencia en la institución y que con la privatización los empleados corren riesgo.
Sin embargo, señala que no es culpa del sector obrero, y para velar por sus puestos de trabajos, están atentos a ventilar el problema antes que se discuta en la Asamblea Legislativa, e igualmente velar porque las tarifas sean accesibles por el servicio.
El sindicato del Instituto de Recursos Hidráulicos y Electrificación (SITIRHE) en manos de José Arosemena, dijo que ellos están en la etapa final de revisión del proyecto de convención colectiva, documento que tiene dos opciones para presentarse, por la vía directa o en pliego ante el Ministerio de Trabajo.
El plan de dividir el IRHE en ocho empresas está aún en pie, agregó Arosemena.
No mencionó el monto que pretenden pedir como indemnización lo que a su parecer "es materia de negociación, aunque se ajusta la tabla de indemnizaciones en función que se acelera la privatización".
Informó también que en la actualidad se han aplicado varias notificaciones de mobilidad laboral a un número plural de empleados y aseguran que la mayoría correrá este riesgo.
La ley Octava que regula a la institución establece 20 kilómetros de mobilidad, mayor de allí tiene derecho a que se corran con los gastos que implique la movilización .