Las fincas Santa Librada, Santa Teresa, Andi Elena y La Balsa, han sido secuestradas recientemente por deudas con la Caja de Seguro Social que ascienden a miles de dólares. Otras fincas como la Santa Rosalía, Santa Catalina y Santa Ana, esperan que se implemente la Ley 25, de Transformación Agropecuaria, para que se les otorgue un préstamos de casi un millón de dólares, lo que les daría un margen de recuperación.
Los problemas del mercado internacional, la baja productividad altos costos de producción, la calidad de la fruta, los conflictos laborales, el clima y otros factores han impactado negativamente la industria bananera nacional a un punto que puede acabar con el bienestar social y económico de la región, lo que requiere de una intervención directa del gobierno, expresaron varios productores independientes afectados por la crisis.
De acuerdo a un productor del área, hay que hacer un esfuerzo entre todos los dedicados a la producción de la fruta, el gobierno y los trabajadores, para encontrar salidas a la crisis, que podrían pasar inclusive por el apoyo del gobierno en materia arancelaria, financiamientos, exoneraciones y otros incentivos y modernizar el sector para competir, afirmó el dirigente cooperativista Carlos Chiari, quien lidera la iniciativa para la creación de una cooperativa agrícola con más de 200 trabajadores desempleados.
No obstante, el gobierno no ha manifestado hasta ahora un apoyo más decidido, sobre todo por la importancia del sector y la gran cantidad de mano de obra no calificada, que requiere una industria generadora de los empleos mejor remunerados del sector agropecuario, afirmaron las fuentes.
Según Chiari, iniciativas como la suya de cooperativismo agropecuario deben ser atendidas y los incentivos del gobierno en materia tributaria, préstamos blandos y exoneraciones deberían ofrecerse a la industria bananera en general, tanto los independientes, como a las empresas bananeras en el Pacífico y el Atlántico, todos por igual sufren la actual crisis.
